El Supremo Tribunal Federal de Brasil -el máximo tribunal de justicia del país- emitió este jueves su primera condena en el marco de los juicios que lleva adelanta por los actos golpistas del 8 de enero pasado. La pena que estableció contra Aécio Lúcio Costa Pereira es de 17 años de prisión y a 100 días de multas por 30 millones de reales (unos 6 millones de dólares) por daños morales colectivos, un valor que serán pagados entre todos los acusados. Esta es la primera parte de una serie de juicios que la Corte llevará adelante, se estima, hasta fin de año para juzgar las acciones golpistas de más de 1300 personas que invadieron los edificios públicos para pedir la intervención del Ejército contra el Gobierno del entonces flamante presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Costa Pereira fue condenado por los delitos de daños agravados, deterioro del patrimonio público, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación delictiva. El hombre de 51 años, que había viajado desde el Gran San Pablo y fue detenido luego de invadir el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo con una camiseta con la inscripción "intervención militar ya".
La definición de la condena se dio tras la votación de los once magistrados de la Corte, por 8 a tres: Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber (presidenta del Tribunal), votaron a favor; mientras que Luís Roberto Barroso, André Mendonça y Nunes Marques se manifestaron en contra.
El juicio se lleva adelante, al mismo tiempo, que la Policía Federal encabeza diferentes investigaciones que señalan la existencia de una trama para llevar adelante un golpe de Estado, gestada por el exmandatario Jair Bolsonaro. En ese contexto, De Moraes, quien propuso la pena de 17 años, dijo que los manifestantes querían "convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado" y "estaban seguros de que lo conseguirían". En Brasil, la corte suprema puede juzgar delitos contra la Constitución, como está ocurriendo con el intento de golpe contra Lula del 8 de enero.
“Fue un domingo de devastación, el día de la infamia, como diré siempre. Un domingo de devastación del patrimonio físico y cultural del pueblo brasileño, una devastación provocada por una turba, que, con total desprecio de la cosa pública, invadió esos edificios históricos de la Plaza de los Tres Poderes”, afirmó Weber, al emitir su voto.
Los juicios por el intento de Golpe en Brasil
Este es el primer juicio de una serie que se llevarán a cabo a lo largo del año contra más de 1300 personas que fueron detenidas el mismo 8 de enero y los siguientes días por haber intervenido de distintas formas en los actos golpistas. En esta ocasión, junto con Costa Pereira, además, son juzgados los acusados -detenidos en “flagrancia”-: Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Sobre todos, pesan las acusaciones de “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”, “asociación criminal armada” y “daño contra el patrimonio público con sustancias inflamables”, que pueden sumar penas de hasta 30 años de prisión, informó Agencia Brasil.
La fiscalía general, en tanto, presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen el primer condenado y otros tres que serán juzgados a continuación, todos hombres, de entre 24 y 52 años.
Según explicó el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de San Pablo, Rafael Mafei, en el podcast Café da Manhã, del diario Folha de São Paulo, la división de bloques- realizada por la Corte es en función del perfil como de los tipos de conducta de la que son sospechosos:
- Autores intelectuales e instigadores: es decir que refiere a quienes planificaron y estimularon la invasión a los edificios, que incluye a funcionarios públicos, entre ellos, al exmandatario, Jair Bolsonaro, además de diputados y diputadas que integran el núcleo duro del bolsonarismo en el Congreso.
- Financiadores: quienes pagaron para que las personas pudieran movilizarse desde distintas partes del país hasta la capital, que también se mantuvieron en campamentos desde 31 de octubre del año pasado hasta ese mismo 8 de enero.
- Funcionarios públicos: que actuaron de manera "omisa" como fuerzas policiales y militares que no reaccionaron para impedir la llegada ni el ingreso de los bolsonaristas a la Plaza y a los Edificios de los Tres Poderes.
- Ejecutores materiales del crimen: en donde se encuentran las cuatro personas que están siendo juzgadas en estos días. Son personas que, definitivamente llegaron hasta los Tres Poderes, invadieron los edificios públicos, destruyeron bienes públicos, "con la expectativa de que eso llevase efectivos policiales y militares a las calles para crear un ambiente propicio para un golpe. Ellos, eventualmente se juntarían con los insurgentes y comenzarían una sublevación que impediría el ejercicio de los demás poderes y forzaría el apartamiento del presidente recién electo, Lula", explicó Mafei.
Con información de Télam
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