La Justicia federal argentina solicitó a Interpol la detención de la totalidad de los 63 bolsonaristas cuya extradición pidió Brasil hace un mes, dado que están acusados o fueron ya condenados por haber participado del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue tomada luego de que se diera a conocer la primera detención, en la ciudad de La Plata, de Joelton Gusmão de Oliveira. El segundo aprehendido fue Rodrigo Ramalho Moro de Freitas, también en la capital provincial.
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Las órdenes de detención fueron emitidas por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, que recibió el expediente desde la Cancillería argentina con el pedido que hizo hace un mes la Policía brasileña.
La decisión se da a pocos días de que se lleve a cabo el primer encuentro entre los presidentes de los dos mayores socios del Mercosur: Lula y el presidente, Javier Milei, que cosechan más cruces que coincidencias. Será en la Cumbre del G20, entre el 18 y 19 de noviembre. También se da a sólo dos días de un nuevo ataque a la Plaza de los Tres Poderes, en donde un ex candidato del Partido Liberal -liderado por el expresidente Jair Bolsonaro- hizo explotar dos bombas.
Joelton Gusmão de Oliveira, el primer detenido
El reporte de la Policía de la provincia de Buenos Aires indicó que Gusmão de Oliveira fue detenido en la intersección de las calles 1 y 44, en el centro de la ciudad platense y el hecho está catalogado como "captura activa". Según describieron, observaron que el hombre mostraba una "actitud sospechosa", por lo que le solicitaron identificación. Al cruzar los datos, detectaron que sobre él pesaba un pedido de captura y detención en el marco de la causa 4515/2024, que se encuentra en el Juzgado Criminal Federal 3, secretaría 6.
De ahí, Gusmão de Oliveira fue trasladado a una dependencia y este viernes fue indagado por videollamada.
Cabe aclarar que, según expresó la hija del hombre a CNN Brasil, las condiciones de detención fueron otras: De Oliveira había ido a la dependencia de Migraciones que se encuentra en la ciudad de La Plata para renovar su datos correspondientes a la solicitud de refugio que llevó adelante ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) y ahí, fue detenido por las autoridades.
Según indicaron, los delitos que le fueron imputados en el marco de la causa Lesa Patria, que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal (STF, el máximo tribunal del país), son: abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, daño calificado, deterioro de activos y asociación criminal armada. Por ello, recae sobre él una condena a 17 años de prisión.
Rodrigo Ramalho de Freitas Moro
La segunda detención también fue en La Plata y estuvo a cargo de la Policía Bonaerense. Se trata de Rodrigo Ramalho de Freitas Moro, de 34 años. Según el reporte policial, recibieron un llamado de la oficina de Migraciones en el que dieron cuenta de que “había una persona de sexo masculino con pedido de captura” en el marco de la causa 4773/2024. En razón de ello, De Freitas Moro “fue a realizar trámites migratorios” y, luego de identificarlo, fue detenido y trasladado a una dependencia policial.
Los delitos que se le imputan son: abolición violenta del Estado de derecho; golpe de Estado, daños calificados, deterioro de bienes y asociación para delinquir armada.
“Mantenida comunicación telefónica Juzgado Nacional en lo criminal y correccional Federal avaló actuación policial ordenando que el causante permanezca detenido, solicitando actuaciones vía mail”, informaron.
Pedido de extradición
Estas fueron las dos primeras detenciones llevadas a cabo en Argentina por el pedido de extradición que cursó el juez Alexander de Moraes, a solicitud de la Policía Federal que investiga el caso. Fue hace un mes, al cabo de que se hiciera público que desde enero bolsonaristas condenados y acusados habían comenzado fugas coordinadas hacia Argentina, Paraguay, España y Estados Unidos.
Este medio pudo constatar que desde enero hasta julio, por lo menos, fueron 147 los pedidos de refugio realizados ante la Conare, según consta en el pedido de acceso a la información realizado.
Sobre el pedido de extradición, también ante este medio, abogados brasileños defensores de los bolsonaristas habían manifestado tranquilidad ante la posibilidad de extradición. "Informamos a las familias de los exiliados que no deben preocuparse”, había dicho ante El Destape Ezequiel Silveira, abogado integrante de la organización Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero. La razón que expuso para ello es que el Gobierno de Javier Milei, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, manifestó en reiteradas ocasiones que "cumplirá la ley". El tema es que esa ley fue modificada recientemente.
Cambios en la ley de refugiados
A fines de octubre, el Gobierno nacional modificó por decreto (819) la ley 26.165 de protección y reconocimiento al refugiado, que es modelo internacional. En primer lugar, reemplazó al Inadi por el Ministerio de Seguridad en la Conare -que operaba bajo el ala del ex Ministerio del Interior, junto con cancillería, Justicia, Desarrollo Social y el Inadi-. En segundo, determinó que dejará de conceder el estatus a las personas extranjeras que cometieron delitos graves, actos de terrorismo o crímenes internacionales.
Según la normativa, las personas que sean solicitantes de asilo no pueden ser extraditadas mientras su pedido esté en proceso. Tampoco, en caso de que haya sido concedido. En el caso de Gusmão de Oliveira, su solicitud está en proceso, según informó CNN Brasil. En el caso de De Freitas Moro, en tanto, por el reporte policial también es posible entender que se encontraba llevando adelante un pedido de refugio.
La solicitud es confidencial, sin embargo, en varias oportunidades declararon ante la prensa que en Brasil se consideran perseguidos políticos. En sus redes sociales, incluso, se autodenominan como “héroes defensores de la Patria”. En tanto, en un documento que abogados bolsonaristas presentaron ante la Conare en mayo de este año, al que El Destape tuvo acceso, denunciaron “violaciones al debido proceso” en las causas, “procedimientos de investigación ilegales” y “condenas sin pruebas” entre otras supuestas irregularidades que se llevan adelante en la Corte brasileña.
En general, todos ellos están organizados y compartieron información y estrategias para poder entrar al país de manera ilegal, en algunos casos. Por ejemplo, hicieron una manifestación conjunta en el Obelisco y, también, varios de ellos intentaron ingresar al Congreso Nacional argentino para participar del encuentro encabezado por el diputado nacional brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por instigar al intento de golpe.
En el acto organizado por legisladores mileístas -como se contó en esta nota-, Bolsonaro hijo pidió a las autoridades argentinas ayuda y protección para los bolsonaritas en el país, denunció “persecución” y “censura”.
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