El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó un proyecto de ley para defender las instituciones democráticas que propone instaurar penas de hasta 40 años de cárcel para quien atente contra el presidente o los líderes de los otros poderes en Brasil.
La iniciativa es parte del Programa de Acción de Seguridad -que dispone además la entrega de 3.000 millones de reales (629 millones de dólares) en recursos a los estados- que presentó el mandatario de la mano con su ministro de Justicia, Flavio Dino. Entre otras medidas estuvo la firma de un decreto para limitar la compra de armas, que en la gestión anterior había sido flexibilizada.
Las medidas, en tanto, se dieron un día después de que se conocieran los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que traza el mapa de la violencia y la discriminación en Brasil en tanto releva desde la compra de armas por Estado, las ciudades más violentas o en qué estado fueron registrados más ataques contra la población LGBTI+.
Según explicó Lula, el proyecto de ley para defender las instituciones democráticas establece penas "de 20 a 40 años de prisión" para delitos que atenten contra la vida "del presidente de la República, del vicepresidente de la República, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, de los jueces del Tribunal Supremo Federal y del procurador general de la República", un anuncio que llegó, además una semana después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes, habitualmente insultado por bolsonaristas radicales, fuera increpado junto a su familia en el aeropuerto internacional de Roma.
La propuesta también prevé penas de seis a 12 años de cárcel para quien organice o lidere movimientos antidemocráticos y de ocho a 20 años para quien los financie, puntos que se dan en consonancia con los actos de golpe de Estado del 8 de enero, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron la sede de los tres poderes, en Brasilia. Los proyectos, que fueron firmados por Lula en una ceremonia en el Palacio del Planalto, serán enviados para su análisis al Congreso Nacional.
El gobierno de Brasil señaló que lo ocurrido el 8 de enero "que culminó en gravísimos daños a los poderes del Estado y a los bienes públicos, demostró que el tratamiento penal de los delitos contra el estado democrático de derecho requiere ser más severo para asegurar el libre ejercicio de los poderes y las instituciones democráticas, el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la propia soberanía nacional".
Hasta principios de julio, el Supremo Tribunal Federal (STF) ya había condenado a 1.290 personas por su participación en los ataques y seis meses después de los hechos, alrededor de 250 personas seguían en prisión. Según el Ejecutivo, con los proyectos de ley "se espera fortalecer tanto el fin retributivo de la pena (represión proporcional a la gravedad del delito), como el carácter preventivo, reforzando su poder intimidatorio sobre los destinatarios de la norma, así como reafirmando la existencia y eficacia del derecho penal brasileño".
Fin de la flexibilización de Bolsonaro para la compra de armas
En el marco de la presentación de las medidas, Lula firmó un decreto que vuelve a limitar el acceso a armas y municiones para civiles. Además, la nueva normativa anula de hecho la flexibilización para la compra y venta que había propiciado su antecesor, Bolsonaro. El decreto sobre el "control responsable de armas" reduce de 4 a 2 la cantidad de armas, y sus municiones, para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, disminuye de 30 a 6 el número de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, y limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar a al menos un kilómetro de distancia de escuelas.
“Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección de garantía, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad, pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas", afirmó el presidente. Y agregó: “Vamos a continuar luchando por un país desarmado. Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas".
El mandatario busca revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración de Bolsonaro (2019-2022) y pasó el control de cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal. Según la ONG Instituto Sou da Paz, en julio del año pasado este grupo disponía de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.000 registradas en diciembre de 2018, un mes antes de que Bolsonaro iniciara su mandato.
Armas como las pistolas de calibre 9mm, .40 y .45ACP vuelven a ser de uso restringido y sólo podrán estar en manos de las fuerzas de seguridad (en los últimos años la pistola .40 fue la más comprada en Brasil). El ciudadano que quiera comprar un arma para defensa personal sólo podrá adquirir dos y disponer de 50 municiones al año y además deberá comprobar ante la Policía Federal la "efectiva necesidad" de poseer esa arma; hasta ahora, podía comprar cuatro armas y usar 200 municiones.
En este contexto, el Ejecutivo anunció también la creación del plan Amazonía Más Segura (AMAS), para reforzar la seguridad en la región norte del país, donde más está aumentando la violencia en los últimos años. Se implantarán 34 bases terrestres y fluviales con policías federales y estaduales; se espera contar con 6.000 agentes y una inversión de 2.000 millones de reales (casi 420 millones de dólares), reportaron las agencias AFP y Sputnik.
El Ministerio de Justicia también adelantó la publicación de una convocatoria pública para la selección de proyectos y manifestaciones culturales en territorios con alto índice de violencia y vulnerabilidad social. “Este edicto sobre la cultura tiene el deber de ser como las madres y los padres de la periferia de este país, que no se dan por vencidos con sus hijos. El Estado brasileño no puede ser menos que las familias de las personas más pobres, sencillas y humildes. Tenemos que acercarnos a la gente que lo necesita, y la cultura es una forma de competir con el mundo del crimen para la juventud brasileña”, argumentó el ministro Dino, según la estatal Agencia Brasil.
Con información de Télam
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