Por Pablo Giuliano
Brasil llega al cuarto aniversario del homicidio de la concejala socialista Marielle Franco con el interrogante irresuelto sobre quién ordenó acribillar con 14 disparos a la activista negra y defensora de los derechos humanos que se transformó en una bandera desde el 14 de marzo de 2018 contra la represión ilegal ejecutada por grupos parapoliciales de Río de Janeiro.
Dos ex policías pertenecientes a las mafias policiales llamadas "milicias" en Río están detenidos acusados de haberla matado, pero todavía el Ministerio Público y la policía no han determinado quién fue el autor intelectural del asesinato a Franco, quien desde su banca de concejal denunciaba el avance de los grupos de uniformados en el control del delito en las favelas.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva recordó el aniversario y puso el acento en la falta de responsables en la investigación mediante un mensaje en su Twitter, en el que aparece fotografiado mostrando una remera con la leyenda "¿Quién mandó matar a Marielle?".
"Se cumplen 4 años del asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes. Un crimen brutal y político. Todavía no sabemos quiénes son los directores. ¡Seguimos exigiendo justicia! Las luchas de Marielle no fueron en vano", escribió Lula, favorito para ganar las elecciones presidenciales de este año, si bien oficialmente aún no confirmó su candidatura.
Los acusados, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, salieron en un automóvil a perpetrar el homicidio de Franco y su chofer, Anderson Gomes, del barrio cerrado de Barra de Tijuca, donde vivía el hoy presidente Jair Bolsonaro, entonces diputado federal que preparaba su campaña a la presidencia en 2018.
Lessa dijo la semana pasada en una entrevista a la revista Veja desde su prisión de máxima seguridad, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que fue ayudado por Bolsonaro en 2009 en una campaña para la institución que se encarga de la salud de los policías heridos en servicio pero que después nunca más tuvo relación como vecino, apenas se saludaban.
Lo cierto es que la muerte de Franco levantó en 2018 la alfombra donde se escondía la violencia política brasileña, sobre todo porque en ese momento Río de Janeiro estaba bajo intervención militar decretada por el entonces presidente Michel Temer.
El interventor de la seguridad de Río en la época era el general de brigada Walter Braga Netto, actual ministro de Defensa de Bolsonaro y favorito a acompañar al mandatario como candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre.
Franco pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y había nacido y sido criada en el complejo de favelas da Maré, en la zona norte de Río, un lugar que se hizo famoso internacionalmente y sobre todo para el público argentino con la canción Alagados (Inundados), de la banda Paralamas do Sucesso.
Marielle Franco se transformó en ese año de 2018 en un símbolo del ascenso de la ultraderecha: el diputado Daniel Silveira hizo una victoriosa campaña rompiendo un cartel con el nombre de Franco en un acto.
Actualmente Silveira tiene el mandato suspendido tras haber sido detenido por la corte suprema, el Supremo Tribunal Federal, por incitar al asesinato de magistrados y reivindicar las torturas y represión ilegal ejercida por la dictadura militar brasileña.
"¿Cómo hablar de que estamos en democracia si una mujer parlamentaria es asesinada como lo fue mi hija?. ¿De qué estado democrático estamos hablando? Necesitamos un cambio porque la gente está siendo atacada todos los días, hay una falta de compromiso del poder público con las mujeres, con todas las personas. Necesitamos tener una dimensión mayor de la democracia dentro de este desgobierno que tenemos", afirmó la madre de Franco, Marinete Silva, de 70 años.
Franco también era una militante LGBT+
Diversas actividades de organismos de derechos humanos, políticos y colectivos artísticos se realizan desde el fin de semana para reclamar el inicio del juicio por jurados contra los dos acusados, que niegan las imputaciones. La investigación sufrió tropiezos y se transformó en un escándalo cuando se supo que los homicidas partieron para cometer el delito del mismo condominio de Barra de Tijuca donde residía Bolsonaro antes de mudarse a Brasilia, a la residencia oficial de la Alvorada.
La fiscalía de Río aún no determinó el motivo de la muerte, ocurrida cuando Gomes y Franco, más la vocera de prensa de la concejala, salían de un encuentro con mujeres en riesgo por violencia a las 21.30 en el barrio de Lapa, zona céntrica de la ciudad maravillosa. "Esa pregunta vamos a responderla cuando identifiquemos al instigador del homicidio", dijo a la cadena GloboNews Bruno Gangoni, coordinador del Grupo de Actuaciones Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco).
EL Gaeco tiene el caso por tratarse de milicias, los grupos de policías y expolicías que forman asociaciones ilíticas para generar negocios administrando el delito en las favelas y sobre todo en la zona oeste de Río de Janeiro, donde llevan adelante construcciones de edificios de lujo en áreas ocupadas ilegalmente.
En la investigación aparece vinculado indirectamente el ex concejal Christiano Girao, jefe de la banda parapolicial Gardena Azul quien está preso por ser el autor intelectual de otro homicidio en el que participó Lessa, el acusado de asesinar a Franco. Otro nombre que apareció por obstruir las investigaciones supuestamente al servicio de los parapoliciales es Domingos Brazao, consejero del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro.
"No se trata de una cuestión política desde la mirada policial, es un crimen cobarde, un doble homicidio, pero el caso es complejo", dijo el director de Homicidios de la Policía Civil (investigaciones) de Río, Henrique Damasceno. El arma utilizada fue una subametralladora MP-5 con munición UZZ-18 pero el arma fue arrojada al mar en marzo de 2019, un día antes de la prisión del expolicía Lessa, según testigos.
El caso de Franco marca parte del pulso de la política brasileña ya que Bolsonaro, ex capitán del Ejército y defensor del libre comercio de armas para la población civil y de la llamada 'mano dura' contra la delincuencia, durante sus 27 años de diputados prestó homenaje y reivindicó a los policías que formaban parte de las milicias, los grupos parapoliciales que en los ochenta y noventa fueron conocidos como 'escuadrones de la muerte'.
Las milicias cariocas le disputan el poder a los narcos en las favelas para tomarles el negocio y además venden a los vecinos una política de seguridad dentro de las comunidades, además de ofrecer servicios como wifi y tv por cable, todo en la clandestinidad.
Con información de Télam
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