El juez del máximo tribunal brasileño Alexandre de Moraes contó que los bolsonaristas tenían planeado ahorcarlo públicamente en caso de que lograran efectivizar el golpe de Estado del 8 de enero pasado. El juez del Supremo Tribunal Constitucional -máximo órgano judicial del país- relató que una de las posibilidades era colgarlo en la plaza de los Tres Poderes. Además, apuntó contra la posible participación de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin, por sus siglas en portugués).
Moraes es magistrado desde 2017 y fue uno de los enemigos públicos del expresidente Jair Bolsonaro. Sobre todo, desde 2021, cuando el magistrado estuvo al frente de investigaciones contra bolsonaristas y actos anti democráticos.
“¡O este ministro se acomoda o pide irse! No se puede aceptar que una sola persona, un solo hombre, obstaculice nuestra libertad. [Quiero] decirle a este ministro que todavía tiene tiempo de redimirse, todavía tiene tiempo de archivar sus investigaciones. Vete, Alexandre de Moraes. Deja de ser un sinvergüenza. Alexandre de Moraes, este presidente ya no cumplirá [sus decisiones]. La paciencia de nuestro pueblo ya se ha acabado”, fueron las palabras del exmandatario el 7 de septiembre de 2021, en un acto por el día de la independencia del Brasil, en San Pablo.
Tras ese enfrentamiento público -que Bolsonaro mantuvo también con otros miembros de la Corte-, Moraes contó en una entrevista en O’Globo los planes en su contra en caso de que se efectivizara el golpe de Estado del pasado 8 de enero. Contó que eran "tres planes" y el primero preveía su arresto y “ahorcamiento” público en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. "En segundo lugar, dejarían mi cuerpo en medio del camino entre Brasilia y Goiânia. Ahí no sería propiamente prisión, sino un homicidio”, amplió.
Sobre eso, aclaró que existe una investigación que involucra la posible participación de la Abin que, afirmó, “monitoreó” sus pasos para concretar la acción.
En aquel momento, el magistrado se encontraba en París y, siempre según su testimonio, su hijo le mostró imágenes de lo que estaba sucediendo en la capital del país. Entonces, se comunicó con el ministro de Justicia Flavio Dino para preguntarle cómo se llegó a ese punto, si los manifestantes tenían prohibido el ingreso a la explanada.
Para él, el “gran error” fue permitir que los bolsonaristas permanecieran frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, incluso después del traspaso de mando el 1 de enero. “El Tribunal Supremo recibió más de 1200 denuncias contra quienes estaban acampando pidiendo un golpe militar, torturas y persecución a opositores políticos”, señaló.
“El 8 de enero fue la culminación del movimiento: el último intento de revertir el resultado legítimo de las urnas”, afirmó.
Por otro lado, destacó que no se hubiera implementado en ese momento el Plan de Garantía de Ley y Orden (GLO) -una acción que reúne a las Fuerzas Armadas por orden del presidente-, ya que según las investigaciones realizadas hasta ahora muestran que la idea era mantenerse en el edificio de los Tres Poderes hasta que se implementara la GLO para luego exigir el golpe de Estado.
“Lo que demuestra que fue correcto no promulgar la GLO, porque eso podría haber generado mayor confusión, sino más bien una intervención federal. No es que el Ejército se sumaría, porque en ningún momento la institución coqueteó [con la idea]”, analizó, según reportó el portal Metro.
Los números de la Justicia tras el intento de golpe
En un año, la Justicia brasileña avanzó en condenas e investigaciones. La primera fue en septiembre. De las más de 2100 personas que fueron detenidas aquel día, 66 permanecen en prisión. Del total de los acusados, 30 fueron condenados por su participación en los ataques, según el balance de la Corte dado a conocer por Carta Capital.
Aécio Lúcio Costa Pereira se convirtió en septiembre de este año el primero en ser condenado, a 17 años de prisión. Entre quienes siguen presos, ocho ya fueron condenados por el Supremo Tribunal, otros 33 fueron denunciados por los crímenes cometidos ese día -dos fueron trasladados a un hospital psiquiátrico- y 25 están a la espera de que finalicen las investigaciones para saber si tendrán o no condenas.
El portal, en tanto, señaló que el total de causas juzgadas es bajo en comparación con la cantidad de denuncias aceptadas por la Corte: 1300 fueron presentadas por el Ministerio Público por los delitos de golpe de Estado, depredación de la propiedad y asociación criminal, entre otros. Hasta el momento, alrededor de 38 acuerdos de persecución no penal fueron validados por el ministro De Moraes, relator de las acciones ante el Tribunal Supremo. En estos casos, los imputados admiten participación en los delitos y se comprometen a pagar multas y otras obligaciones.
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