El número de muertos por los derrumbes e inundaciones provocados por las lluvias del domingo pasado en la costa del estado brasileño de San Pablo subió hoy a 54, de los cuales 13 son niños. Los rescatistas continúan trabajando en la búsqueda de varias decenas de desaparecidos bajo las montañas de lodo.
Un comunicado del gobierno paulista indicó que existen al menos 4.066 personas que perdieron sus viviendas por los deslaves, sobre todo en el municipio de Sao Sebastiao, en las comunidades pobres ubicadas en torno a las exclusivas playas de Barra do Sahy, Cambury, Camburizinho y Baleia, a 197 kilómetros de la ciudad de San Pablo, informó Télam.
El domingo pasado, en menos de 24 horas, los municipios de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatuatuba, Ilhabela y Bertioga recibieron más de 600 milímetros de lluvias, el doble de lo esperado para febrero. Fueron las lluvias más fuertes de la historia de Brasil, según los registros, incentivadas por vientos que venían de la selva serrana y del Océano Atlántico. La mayor parte de los muertos en Sao Sebastiao son personas que vivían allí ofreciendo servicios para el turismo de lujo y que instalaron casas precarias en los morros.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió 11,2 millones de dólares en ayudas y para reconstrucción, además de haber colocado a disposición el portaaviones más grande de la Armada en el puerto de Sao Sebastiao, como un centro de atención médico y provisión de víveres a la población. Esto es porque los derrumbes y las lluvias rompieron varios trechos de las tres rutas que conectan la región del litoral norte paulista con las principales grandes ciudades cercanas como San Pablo, Santos y Sao José dos Campos.
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Las consecuencias políticas y judiciales sobre la tragedia gira en torno a cómo la fiscalización permitió la instalación de barrios en lugares de riesgo: propietarios de mansiones y comercios en la exclusiva playa de Maresías, principal polo de surf en San Pablo, se opusieron recientemente a la construcción de viviendas populares para desalojar de las laderas de los morros a las personas que viven en favelas. La fiscalía también denunció que hace cuatro años que se emiten alertas de derrumbes y que no fueron ejecutados los planes de los gobiernos regionales para remover a las poblaciones.
El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, admitió que el sistema de alertas mediante mensajes de texto a los celulares "fracasó" y es por ello que defendió la utilización de sirenas, como ya ocurre en otras zonas con tragedias de derrumbes por lluvias, como Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, donde las lluvias en enero de 2022 provocaron 216 fallecidos.
En tanto, el gobierno comenzó un plan de identificación en todo el país de personas viviendo en zona de riesgo, en el marco del relanzamiento del plan de viviendas Mi Casa Mi Vida, una marca de las gestiones del Partido de los Trabajadores que regresó con Lula. El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, dijo que existen 4 millones de personas en Brasil viviendo en zonas de riesgo y que la gestión del expresidente Jair Bolsonaro había retirado el presupuesto para atender a las emergencias y a la prevención de desastres.
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