Hace tiempo que en Brasil se vive un clima electoral, desde que la corte suprema anuló la condena por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, le devolvió sus derechos políticos y lo convirtió de hecho en el candidato favorito para recuperar el poder en los comicios de octubre. Pero recién este martes la campaña comenzó oficialmente. Ahora, el líder del Partido de los Trabajadores deberá enfrentar los resultados de los tres años y medio de Presidencia de Jair Bolsonaro: una violencia política desatada y una crisis económica que devolvió al país al Mapa del Hambre de la FAO.
El 2 de octubre próximo, los brasileños no solo elegirán al próximo presidente, sino también a los gobernadores de los estados y diputados y senadores federales. Por eso, la campaña de Lula no solo está enfocada en recuperar la Presidencia, sino en conseguir una estructura de poder dentro del Congreso federal y en el mapa de gobernadores que le permita asumir con poder suficiente para esquivar la carrera de obstáculos que sin dudas encontrará. La alianza que forjó el expresidente es tan amplia que incluyó como su compañero de fórmula a un ex rival y un histórico de la socialdemocracia, la tradicional fuerza de centro-derecha del país: Geraldo Alckmin.
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La última encuesta de la consultora IPEC publicada esta semana confirmó que Lula es el favorito para quedarse con la Presidencia, pero pronosticó una segunda vuelta el 30 de octubre. Según sus proyecciones, el ex mandatario obtendría 44% en al primera vuelta, 12 puntos porcentuales más que Bolsonaro, quien está demostrando un leve crecimiento en los últimos meses, especialmente tras el anuncio y ahora entrada en vigor de una ayuda social por los efectos de la crisis económica, que según el propio jefe de Gobierno, duraría hasta las elecciones, no más.
Ciro Gomes, el candidato del Partido Laborista Brasileño (PDT) llegaría tercero con un 6%, mientras que Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) apenas sumaría un 2%. La polarización en Brasil no dejó lugar para terceras vías.
Según la misma encuesta, el balotaje sería casi un trámite porque Bolsonaro no tiene potenciales aliados para sumar a su caudal electoral: 51% para Lula frente a 35% para el actual presidente.
Pobreza y violencia política
Uno de los temas inevitables de esta campaña es la profundización de la pobreza. En 2014, tras el crecimiento económico y la distribución de la riqueza que marcaron a los Gobiernos de Lula, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había quitado a Brasil de su Mapa de la Pobreza. Este año, el país volvió a ser incluido porque el 60% de la población sufre inseguridad alimentaria y un 15% pasa hambre. En otras palabras, los niveles de pobreza habían vuelto a ser los de los años 90.
Investigaciones recientes mostraron que los efectos devastadores de la pandemia aún se sienten fuerte en Brasil, en gran parte debido a la falta de respuestas del Gobierno. Este año, solo cuatro de 10 hogares pudo seguir comprando todos los alimentos que necesitaba. Esta estadística empeora en el norte y noreste del país, regiones históricamente más pobres. Pero el derrumbe del poder adquisitivo se sintió en todo el país, incluso en la rica ciudad de San Pablo.
Lula ha hecho de la profundización de la pobreza y de la promesa de una recuperación como la que se vivió en sus primeros Gobiernos su principal bandera. Y la situación es tan dramática e innegable, que Bolsonaro, por su parte, también tuvo que enfocarse en ella y el mes pasado consiguió que el Congreso le aprobara un paquete de ayudas sociales por un total de 7.650 millones de dólares, no previstos en el presupuesto de este año y que además perforarán el techo del gasto que impuso Michel Temer, el vice de Dilma Rousseff que asumió tras un juicio político cuestionado y calificado de golpe de Estado parlamentario por la izquierda brasileña e internacional.
El otro elemento que concentra la atención de esta campaña es la creciente violencia política, legitimada en los últimos años desde lo más alto del poder.
El mes pasado, un policía penitenciario federal y ferviente seguidor de Bolsonaro irrumpió en el cumpleaños de 50 años de un tesorero del PT en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, fronterizo con Misiones, y comenzó a gritar consignas oficialistas y lanzar amenazas de muerte contra los petistas. Luego de que lo echaron, volvió y acribilló al cumpleañero, Marcelo Arruda.
Bolsonaro se desentendió del ataque -"Yo no tengo nada ver", dijo- y nadie en su Gobierno le dio demasiada importancia. Sin embargo, el atentado desnudó el clima de violencia política y justificó los temores que ya venían dominando a la campaña de Lula sobre posibles agresiones. La situación no ha mejorado en este último mes. Este martes, la Policía canceló un acto del líder petista en una fábrica en la ciudad de San Pablo por considerar que existían fallas de seguridad en el lugar, específicamente, no habían rutas de escape, según publicó Télam.
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