El exministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero en una audiencia en la Corte Federal de Miami, Estados Unidos. El dirigente político fue una de las caras visibles de la represión que perpetró el Gobierno de facto, entre 2019 y 2020, tras la destitución de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El dinero habría sido utilizado, entre otras cosas, para la compra de gas lacrimógeno.
Según informaron los medios locales, se estima que la sentencia se conozca dentro de los próximos tres y seis meses, que puede ser superior a los cinco años de cárcel, de acuerdo a lo que dijo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. La defensa, en tanto, anunció que mantendrá la denuncia de “persecución política”.
El portal Noticias Bolivia indicó que son varios los montos que recibió y, también, que pagó. Entre ellos, figura que Murillo aceptó una transferencia realizada por el Banco Central de Bolivia por cinco millones de dólares hacia una cuenta en Estados Unidos. El dinero, dijeron, habría sido utilizado para la compra del gas lacrimógeno y material antidisturbios, que utilizaron las fuerzas para reprimir las protestas sociales en contra del Gobierno.
“Ese dinero, que podría haber sido destinado para bienes de salud, ha sido destinado para corrupción”, declaró en conferencia de prensa el procurador general del país, Wilfredo Chávez, y advirtió: “En Bolivia lo vamos a esperar en cuanto cumpla su condena con las acciones legales que tenemos”.
Como ministro de Gobierno, a cargo del control territorial, agitó un discurso radicalizado en contra del partido del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Morales. Fue detenido en Estados Unidos, en mayo de 2021, meses después de la detención de Añez. El ex jefe de Gabinete, Sergio Méndez, fue implicado en la misma causa junto a tres ciudadanos estadounidenses.
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Extradición
Esta petición tiene por objetivo de evitar su extradición a Bolivia, una vez cumplida su sentencia.
Según la denuncia, Murillo transfirió a una cuenta propia en Estados Unidos dinero de un presunto sobreprecio de compra de material antidisturbios. Ese dinero fue distribuido en varias cuentas particulares, detalló el diario local La Razón.
Corrupción
En 2020, Murillo y sus cómplices usaron la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) en la compra de gases lacrimógenos.
Esta empresa pagó a la brasileña Cóndor 3,3 millones de dólares por un lote de material antidisturbios que luego lo vendió al estado boliviano por 5,6 millones. Los 2,3 millones que ganó este “clan mafioso”, como lo denominó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue transferido a cuentas en Estados Unidos.
A cuentas privadas
Ese dinero luego retornó a las cuentas de los involucrados, entre ellos Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman, además de Sergio Méndez Mendizábal, todos con sentencias.
Se presume que otro vinculado en este hecho de corrupción es el exministro de Defensa, Luis Fernando López, también del régimen de Añez, quien estaría oculto en Brasil.