"Traidores" vs "leales", la crisis del oficialismo en Bolivia

El oficialismo en Bolivia enfrenta una de las peores crisis desde que la fórmula de Luis Arce y David Choquehuanca asumió el poder en el Palacio del Quemado en noviembre de 2020. El punto de quiebre estuvo la semana pasada cuando el Gobierno acordó con los opositores de Santa Cruz, encolumnados detrás del gobernador Fernando Camacho, un levantamiento del paro que llevaban por más de 30 días a cambio de reglamentar el próximo censo a través de una ley en el Congreso. Para el sector del oficialismo más cercano al ex presidente Evo Morales, esa situación constituyó una "traición", lo que los llevó a exponer la interna oficialista a plena luz. 

En diálogo con El Destape, el diputado "evista" Gualberto Arispe explicó que las diferencias entre la línea histórica del MAS y la gestión de Arce comenzaron en el segundo año de Gobierno cuando percibieron que no avanzaban las causas judiciales contra los responsables del golpe de Estado. Sin embargo las diferencias nunca se habían hecho tan públicas como ahora. En una gira que Evo hizo por Argentina en julio de este año, El Destape le preguntó sobre los rumores que hablaban de una fuerte interna y respondió hablando de unidad y resaltando que su fuerza política es "el movimiento político más grande de la historia de Bolivia". 

El miércoles pasado, un día después de que el Senado aprobara la ley que fija una fecha para el censo, Evo denunció en su Twitter que hay en curso un "pacto de impunidad" y acusó al gobierno de Arce de haberlo sellado con los opositores Camacho y los ex presidentes Tuto Quiroga y Carlos Mesa. Como evidencia compartió un video en el que Camacho habla de una "democracia pactada" y destacó que la bancada del MAS dio su apoyo a la ley del censo en el Congreso. 

"Tenemos conocimiento de que hay un acuerdo pactado en el que el Gobierno le planteó a los opositores: 'Déjennos gobernar y nosotros no les hacemos nada por los delitos que cometieron en 2019'", denunció el diputado Arispe a este medio. Fiel a Evo, fue uno de los que el sábado pasado no estuvo en el recinto cuando se votó la media sanción de la ley que fue aprobada por 91 votos a favor y 25 en contra.

El censo, una cuestión política

La disputa por la fecha del censo se remonta, al menos, a marzo de este año cuando Santa Cruz creó una Comisión Interinstitucional en su defensa. La comisión, que tuvo representantes del gobierno local, de la alcaldía de Santa Cruz, del Consejo Municipal, del Comité Cívico y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se armó para tratar que el Gobierno cumpla con la fecha original dispuesta para el censo, es decir, noviembre del 2022.

Al cabo de innumerables encuentros, negociaciones y mesas técnicas, el Gobierno firmó un decreto en el que fijó como nueva fecha marzo de 2024. La Comisión de Santa Cruz insistió para que se hiciera un año antes, en 2023. La demora de más de un año respondió, en palabras del Gobierno, a cuestiones técnicas y a dificultades propias de la situación que dejó el Golpe de Estado de 2019. 

Esa determinación de Arce llevó a Santa Cruz a un paro de más de un mes y violentas protestas en las que hubo al menos cuatro muertos y 178 heridos. Los argumentos que sostuvo Santa Cruz durante el paro tuvieron que ver principalmente con la distribución de recursos y y representación en la Asamblea Legislativa. 

Pero hace dos semanas, después de intensos días de paro, se dio una jugada doble. Por un lado, el Gobierno decidió refrendar la fecha del censo que había dispuesto por decreto a través de una ley en el Congreso y, al mismo tiempo, Camacho desistió de su exigencia de que el censo nacional se realice en 2023. Cuando la ley tuvo media sanción en Diputados, Camacho levantó el paro. 

Evo dejó clara su postura al inicio de esa discusión en la Cámara baja: "La pérdida de curules para uno o más departamentos será atribuida a diputados que aprueben esa imposición”. Así señaló y empezó a nombrar a los parlamentarios del MAS como "traidores". 

En conversación con este portal, el diputado Arispe marcó que lo central de la diferencia entre los dos sectores del MAS radica en el "sometimiento" de Arce a los pedidos de Santa Cruz. "Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la ley. La Constitución señala de manera clara que el censo es una atribución del Estado y que no requiere ser refrendado por ley. Pero el Gobierno, con el argumento de pacificar el país llevó adelante esa propuesta cuando, en verdad, no teníamos un problema nacional sino un problema de carácter regional, que es el histórico tema de Santa Cruz", explicó el diputado masista y sentenció: "Los que aprobaron la ley se dieron la mano con los que mascaron en el 2019". 

El principal temor de la línea que responde a Evo es que, habiendo comprobado la eficacia de sostener un paro por largo rato y presionar desde las calles, Santa Cruz se abra a una demanda inagotable que acumula hace tiempo. Además, la lectura que hacen desde el círculo cercano al ex presidente es que Arce perdió autoridad presidencial al tener que refrendar con una ley algo que ya tenía peso propio con el decreto. "No vaya a ser cosa que Santa Cruz haga una nueva movilización pidiendo cualquier cosa de nuevo con una ley. Por ejemplo, ya nos manifestaron que van a revisar su relación con el nivel central del estado, es decir, están diciendo lo de siempre: hablan de separatismo, de independizarse", explicó el legislador.

Otro de los puntos que señaló está en la agenda de la oposición es eliminar la representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa, un ataque al corazón del Estado plurinacional. 

Por eso marcan lo que sucedió en la Asamblea como un punto de quiebre. "Hoy en Parlamento hay dos grandes fuerzas. Estamos quienes nos mantenemos al margen de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad, quienes somos leales al partido y a la Constitución; y quienes están englobados en la derecha, aquellos traidores que se pasaron de bando. Ellos hacen, en ese momento, un solo bloque", describió Arispe.

"Funcionarios que no funcionan"

Para intentar delimitar un comienzo en la deriva de diferencias políticas entre la parte que responde Arce y la que se identifica con Evo, Arispe se sitúa en el inicio del segundo año de mandato. "En ese momento nosotros hemos criticado y denunciado algún hecho irregular de corrupción dentro del gobierno y eso molestó y ya iniciando la tercera legislatura prácticamente nos aislaron", repuso Arispe a El Destape. Y se mostró confiado en la lectura que pueden hacer los sectores sociales, al tanto de todas las idas y vueltas. "Nosotros somos muy conscientes y creemos que estamos del lado del pueblo, porque no podemos traicionar el encargo del pueblo", sostuvo el diputado y contó que ya están cursando varias resoluciones de expulsión contra aquellos diputados y senadores que se alejaron de la dirección nacional del MAS, a cargo de Evo. 

Sin embargo, dejó en claro que lo principal es "defender el instrumento político" y explicó: "Eso no significa sacarlo a Arce. Lucho debe terminar su mandato como presidente". Ante la pregunta de si las críticas las hacen extensivas al Presidente, respondió que sí y enumeró los principales ministros cuestionados: "El ministro de Justicia, en un primer momento se ha manifestado en total respaldo a Carlos Mesa y ha atacado a Evo. También hemos visto cómo operan desde el ministerio de gobierno,  específicamente desde la dirección de comunicación, lanzando ataques contra legisladores del MAS y contra la figura de Evo. Lo propio hizo el ministerio de Defensa, ejecutando el "Plan negro", una estrategia de desprestigio hacia el liderazgo de Evo", explicó.

Ese "Plan negro" -contó Arispe- incluyó denuncias hacia la dirección nacional de MAS que apuntaban a un financiamiento a través de fuentes del narcotráfico y denunció: "Ese tipo de cosas apuntan a que se proscriba la personería jurídica del MAS".