El cruce entre legisladores y legisladoras se dio en el medio de la interpelación al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, a propósito de la detención del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en prisión preventiva por estar acusado de haber participado de manera activa en el Golpe de Estado, de 2019. Según reportaron los medios bolivianos, tras responder las 11 preguntas previstas, el clima se caldeó cuando el funcionario se dirigió a las y los dirigentes cruceños: “Ustedes ya nunca más van a tener el poder, nunca van a seguir manejando el país, como lo hacían hasta 2005”.
Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre, en un operativo -que la oposición cuestiona- que permitió trasladarlo desde Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país, en donde un juez le impuso cuatro meses de detención preventiva por una acusación por "terrorismo" en el caso "golpe de Estado I".
En varias intervenciones, reportó el portal Correo del Sur, legisladores de la oposición llamaron la atención sobre a la Policía no sólo por su accionar en el momento de la detención, sino durante las protestas en la capital cruceña, donde hubo heridos y detenidos. Ante eso, el ministro Del Castillo, respondió, que “grupos radicales” atacaron con “odio” a los efectivos policiales.
“Se demuestra con hechos y datos objetivos que la Policía en ningún momento actuó con violencia excesiva o represión como se dijo, al contrario, realizó un trabajo efectivo y de acuerdo a los manuales de procedimiento sin ejercer ningún tipo de excesos”, sostuvo el funcionario y aclaró que el arresto del gobernador cruceño se efectuó "en el marco de la ley", pues se emitió una orden de aprehensión dos meses antes de su ejecución.
Del Castillo, además, remarcó que "no se produjo ni un solo disparo" ni hubo "uso de armas de fuego", pese a que sus partidarios aseguraron que había sido víctima de un "secuestro" violento, que fue respondido con protestas y la toma de aeropuerto cruceño de Viru Viru. A continuación, Del Castillo, le espetó a las y los legisladores de esa provincia oriental: “Ustedes ya nunca más van a tener el poder, nunca van a seguir manejando el país, como lo hacían hasta 2005”.
Es que, la llegada del exdirigente cocacolero Evo Morales (Movimiento al Socialismo - MAS) a la presidencia, además de significar un hecho histórico para el país, despertó una fuerte confrontación de la oriental Santa Cruz con el Gobierno central, principalmente, por cuestiones económicas, pero también por la incomodidad que implica para una élite croilla no indígena con valores conservadores, el poder del masismo en el Ejecutivo.
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A la frase del ministro, las legisladoras principalmente del partido Creemos -de Camacho- respondieron con carteles con consignas como "con presos políticos no hay democracia" y "ministro del terror", al tiempo que sus colegas del MAS intentaron frenarlas. Fue en ese momento que se desataron empujones, puñetes, patadas e incluso jalones de cabellos, al punto de tirarse al piso. Del Castillo hizo un movimiento para protegerse de la pelea campal y se retiró, mientras opositores lo acusaban a los gritos de sembrar odio y desatar la violencia, describieron en el portal Correo del Sur.
El informe se suspendió por unos minutos y María René Álvarez, diputada de Creemos, culpó al ministro Del Castillo de haber promovido un clima de beligerancia. Cuando todo se calmó, el ministro dio por concluida su intervención y David Choquehuanca, vicepresidente del país y presidente del recinto, dio paso a la votación. De 151 legisladores presentes, 88 votaron por el orden del día puro y simple, descartando así pasar al orden del día motivado y poner a consideración la censura, que habría requerido dos tercios.
Proceso contra Camacho
En esta causa, el gobernador está acusado de ser parte activa en el derrocamiento del expresidente Evo Morales (2019). Entre los delitos que se le imputan, están los de terrorismo y conspiración, al promover la rebelión de las Fuerzas Armadas que presionaron para la renuncia del entonces mandatario. También, está acusado de atentar contra el presidente y altos dignatarios del Estado, violencia política contra las mujeres, discriminación y racismo, ultraje a los símbolos y uso indebido de influencias.
Los fiscales argumentaron que Camacho y otros, se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”. El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de entre 15 y 20 años de cárcel.
Por ese proceso judicial, en marzo de 2021 se detuvo a Jeanine Áñez y a dos de sus exministros, aunque en el caso de la expresidenta de facto se le siguió otro caso, "Golpe de Estado II", en el que se la condenó a diez años por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.
Con información de Télam
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