El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que le robaron su celular en un acto oficial y advirtió que denunciarán "cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en nuestra contra". "El robo de mi teléfono celular ocurrió en un acto que contaba con la presencia del ministro de Gobierno y su seguridad. Primera vez que nos pasa algo parecido en todos estos años de actividad política. No quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos", tuitió el expresidente.
La noche del domingo, en el cierre de campaña del candidato a alcalde del municipio La Guardia por el MAS, Rufino Correa, el exmandatario denunció el robo de su teléfono celular y de inmediato se conoció de un mega operativo policial para encontrar el dispositivo electrónico. “Desde que empezamos la lucha política en defensa de nuestro pueblo ante gobiernos neoliberales hemos sufrido ataques y campañas de guerra sucia con mentiras. No tenemos nada que ocultar, pero denunciaremos cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en nuestra contra”, agregó Morales en otro tuit.
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El expresidente también remarcó que el robo del celular se dio en el marco de un acto que contaba con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, y su seguridad.
Dos tensiones apuntan contra la gobernabilidad en la Bolivia del posgolpe
La gestión de gobierno de Luis Arce Catacora se enfrenta a dos problemas históricos en la política reciente de Bolivia, que ninguna de las administraciones progresistas logró resolver. Por un lado, mantiene un frente abierto con la provincia de Santa Cruz y su líder Fernando Camacho, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales y quien se constituyó en el último tiempo como el portavoz del reclamo al Ejecutivo para que realice el censo estipulado para este año; y, por otro, sostiene una disputa con el sector tradicional de los cocaleros, que hace años denuncia la presencia de un mercado paralelo, sobre el que, dicen, el Gobierno no interviene.
La resolución de ambos conflictos es un desafío para un gobierno popular que busca reconstruir su fuerza después de haber sufrido un golpe de Estado.
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