Evo Morales denunció que intentan proscribirlo y responsabilizó a Arce

Hasta hace un tiempo varios analistas comparaban la crisis política entre Evo Morales y el presidente Luis Arce con la de los ex presidentes Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero en las últimas semanas el tenor de las declaraciones de Morales contra Arce dejan a la interna peronista como algo inofensivo. El líder del Movimiento al Socialismo no escatima en adjetivos contra el actual presidente de Bolivia al que acusó de ser "peor dictador que Jeanine Áñez" y de liderar una "campaña sucia" y de perseguirlo políticamente. Según denunció Morales, el fin de esa estrategia es inhabilitarlo para la elección presidencial del 2025, en una situación espejo, dijo, a la Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pero en este caso promovida por su sucesor. 

Actualmente, Morales tiene dos frentes judiciales que le prometen un asedio constante. Por un lado, el Tribunal Supremo Electoral no reconoce la elección que el X Congreso del MAS-IPSP celebró en octubre del año pasado y que consagró a Morales al frente de ese espacio. Esto hace que la disputa por la sigla del partido aun esté abierta y desde el evismo leen que es parte de la estrategia de Arce para presentarse en la interna electoral con el aval del instrumento político que mueve apoyos por su propio peso. Fuentes allegadas a Morales dijeron a El Destape que si Arce se presenta sin la sigla del MAS-IPSP no sacaría más del 6% de los votos, pero otro sería el escenario si se hace de la sigla. 

El otro frente que tiene Morales es con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que el 29 de diciembre del año pasado dictó una sentencia que rápidamente fue leída como una allanada de camino para impedir que el ex presidente aspire al Palacio del Quemado una vez más. La sentencia es en respuesta a un amparo que había presentado en abril pasado Miguel Ángel Balcazar Ruiz, a quien Morales señaló como ex funcionario del Gobierno de Arce, y que en la cuestión de fondo se refiere al derecho de la libertad de expresión.

Pero en los fundamentos jurídicos del fallo, los magistrados se refirieron a la reelección presidencial indefinida e hicieron una interpretación de un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2021. Y a partir de esa lectura, los autores de la sentencia interpretaron que "la reelección presidencial en Bolivia es por una vez continua o dos discontinuas" por lo que posterior a ello nos es posible "volver a candidatear y menor ejercer funciones por un tercer periodo". 

Algunas lecturas forzadas tomaron la sentencia del TCP para decir que Morales está inhabilitado para una futura elección, debido a que gobernó durante tres períodos, 2006-2009, 2009-2014 y 2014-2019. Sin embargo, el abogado de Morales, Wilfredo Chávez, fue claro ante la consulta de El Destape: "Las referencias que se hacen en la sentencia sobre la supuesta inhabilitación no son vinculantes. Los magistrados metieron de contrabando criterios que no son parte del fallo. Evo no está inhabilitado porque la sentencia se refiere a una persona que invoca un amparo por otro derecho no por las condiciones de reelección". 

Guerra judicial e intento de proscripción 

Es llamativo el momento en el que fue presentada esta sentencia, el mismo día que se terminaron los seis años de mandato del Tribunal Constitucional y otros tres órganos de Justicia. De hecho, parte de la discusión política en Bolivia el año pasado tuvo que ver con la celebración de elecciones para renovar el Poder Judicial, algo que debiera haber promovido el Poder Ejecutivo y el Legislativo pero que terminó empantanado. En septiembre del 2023, la CIDH expresó su preocupación ante la demora de los comicios, y el Tribunal Supremo Electoral respondió que se debía a la "ausencia de consensos en las distintas bancas políticas" en la Asamblea para presentar las listas que después serían sometidas a la voluntad popular. 

Desde el evismo consideran que el Presidente demora el envío de candidatos porque sabe que con la minoría que tiene en la Asamblea no podría avanzar con los nombramientos que quiere. "Es muy grave lo que está pasando en el país. Lo que se aplicó es un autolawfare constitucional. Esto no solo es un golpe técnico entre poderes es un riesgo para la democracia y eso significa que el siguiente paso es un retroceso en nuestros derechos y garantías. Los ojos del mundo están expectantes", evaluó ante El Destape el abogado constitucionalista, Israel Quino. Por su parte, el presidente del Senado y alfil del ex presidente, Andrónico Rodríguez, denunció que hay en curso un "golpe judicial" a la democracia. 

Quino coincidió con el letrado que asiste a Morales y argumentó que la sentencia 1010/2023 del TCP no es vinculante porque su objeto de revisión del amparo es por un caso de libertad de expresión. "La Sentencia la emite una Sala del TCP sobre una revisión de Amparo Constitucional que tuteló en Beni el derecho a la Libertad de Expresión sobre el pedido de un abogado que demandó vulneración a su derecho en el 1er Reglamento de las judiciales. En este caso no se demandó la prohibición de reelección. Por tanto el objeto del fallo de la Sentencia 1010/2023 es sólo sobre el derecho a la libertad de expresión no así sobre el derecho a ser reelegido indefinidamente".

2024: un año crítico

El año en curso y el siguiente serán decisivos para Bolivia, que aún está lejos de cerrar el capítulo más antidemocrático de su historia reciente cuando Jeanine Áñez consumó el golpe de Estado contra Morales. No solo se espera una intensa actividad judicial después de que la Fiscalía ratificara en diciembre la condena a diez años de prisión para la golpista sino que en agosto comenzará la cuenta regresiva para nominar a los candidatos al Palacio del Quemado que se elegirán en 2025. Pero su curso depende de lo que pase en los tribunales. 

El abogado de Morales reconoció que se estarán muy activos en ese frente para evitar que el Tribunal Electoral desconozca el proceso por el cual el ex presidente fue electo al frente del MAS en el X Congreso del año pasado -por lo cual ya interpusieron un amparo- a la par que esperan más movidas del TPC para inhabilitarlo. Desde el equipo íntimo de Morales leen en tándem las presentaciones judiciales en su contra y la intención que manifestó Arce a través de su vocero de ir por un segundo mandato. La semana pasada el vocero Jorge Ritcher dijo al medio Erbol: " Si Morales no fuese candidato presidencial, las organizaciones sociales mirarían de forma unánime hacia el presidente Luis Arce para señalar y decirle que sea nuevamente candidato”.

Un estrecho colaborador de Morales sostuvo que no tienen claridad respecto a lo que se pueda venir y dicen que ésta última arremetida judicial fue un "globo de ensayo" para ver cómo reacciona la sociedad boliviana ante el intento de inhabilitación. "Están midiendo qué pasa", confió. Por lo pronto, el ex presidente dijo el sábado en Twitter que le informaron que podrían involucrarlo con un caso de narcotráfico y agregó que la "ejecución del Plan Negro" está prevista para el 28 y 29 de enero.