El escenario en Bolivia todavía sigue abierto. Gobernadores, alcaldes, representantes de las autonomías indígenas, regionales y rectores de las universidades públicas del país participaron del Encuentro Plurinacional del Censo en Consenso en donde debatieron durante toda la jornada del viernes acerca de la fecha en la que se realizará la encuesta nacional: si será en 2023 o 2024. La actividad fue convocada por el gobierno boliviano en el marco del conflicto abierto con la provincia de Santa Cruz -la más rica del país-, liderada por Fernando Camacho. Como aún no hay definiciones, sigue el paro por tiempo indeterminado en la medialuna oriental más rica del país que comenzó hace una semana.
Inicialmente el censo debía realizarse en noviembre de este año, pero para llegar a esa fecha los preparativos debían haber comenzado en 2019, mismo año en que la derecha boliviana promovió el golpe contra el expresidente Evo Morales -en donde Camacho fue uno de sus protagonistas-. De igual manera, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzó el poder de nuevo en 2020 firmó un decreto que puso como fecha noviembre de 2022, pese a ello, los últimos planteos propusieron la idea de se hiciera en el primer trimestre de 2024.
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"Una vez más, Bolivia demuestra su convicción democrática, acude al Encuentro Plurinacional en Cochabamba (centro) y apuesta por el diálogo para decidir el futuro del censo y seguir avanzando en la reconstrucción económica de la patria", manifestó el presidente boliviano, Luis Arce, cuya posición es que el censo se trata de un proceso técnico y no político, por lo que de eso depende su calidad. El posteo estuvo acompañado por fotos del inicio de la jornada en la que participaron más de 300 personas en el Centro de Convenciones Avanti, en la zona norte de la ciudad cochabambina.
Tras más de doce horas de discusión, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que pese a que todas las autoridades asistentes coincidieron en que el Censo se lleve a cabo en 2024, por la unidad se dio un plazo de 24 horas para que el Comité Interinstitucional cruceño se sume a la comisión, que tendrá 30 días para determinar una fecha final para que el proceso se lleve a cabo.
El paro y la posición de Santa Cruz
El movimiento cívico cruceño inició hace una semana una huelga indefinida para exigir que el censo que haga en 2023. Las autoridades insisten con que el impacto de la falta de la encuesta nacional los afecta económicamente porque en el país los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población que tiene cada departamento o región. También, señalan que podría afectarlos cara a las elecciones legislativas de 2025.
Es que, la distribución de puestos en la Cámara de Diputados también depende de esta medición: si el censo se realizara el próximo año, los resultados podrían aplicarse en las elecciones de 2025, en donde se calcula que le darían a Santa Cruz tres diputados más. Si el censo fuera en 2024, las elecciones deberían efectuarse con los datos poblacionales de 2012. Las medidas de fuerza impulsadas por Camacho comenzaron el mismo día en que lo hizo en 2019, en el preludio del golpe de Estado. Y, también, dieron un plazo de 21 días al Gobierno para cambiar de decisión, el mismo tiempo que duró la movilización contra Morales.
Desde el inicio, el panorama fue violento cuando una persona falleció en enfrentamientos entre quienes apoyan la medida y quienes querían desbloquear las calles en la localidad de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil. La respuesta por parte del Gobierno fue cerrar temporalmente las exportaciones de alimentos para evitar el desabastecimiento interno.
“Hemos hecho evaluaciones de las distintas etapas del censo y hemos visto que en muchas de las actividades se pueden acortar los tiempos y se puede dar una fecha aproximada que hemos propuesto, que es en diciembre de 2023”, dijo ante la prensa boliviana el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que llegó acompañado por una comitiva de técnicos. Es que, pese a que Camacho desistió de asistir a la reunión, la gran participación que logró la convocatoria del Gobierno, pareciera no haberle dejado espacio más que para, al menos, presentar sus propias iniciativas. De los nueve gobernadores, es el único que no fue. Estuvieron por el contrario, las máximas autoridades de: Cochabamba, La Paz, El Alto, Cobija, Sucre, Trinidad, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija.
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Son varias las razones que llevan a este conflicto, que pareciera repetirse cada vez que un gobierno de izquierda y progresista llega al Gobierno nacional. El analista y periodista boliviano Fernando Molina, en ese sentido, explicó a El Destape que Santa Cruz es "una región olvidada hasta los años 50 del Siglo XX y, en ese olvido, ha desarrollado una conciencia de antagonismo con el Centro -el Gobierno nacional-, en donde la izquierda es más fuerte y con más indígenas".
Para la analista en relaciones internacionales de FLACSO, Agustina Garino, este conflicto encuentra su explicación en raíces profundas. "Pareciera tener un arraigo más histórico, clasista y racista", sostuvo ante El Destape y lo caracterizó como un "conflicto multicausal del Gobierno de Santa Cruz con el Gobierno central", cada vez que el MAS ocupa ese lugar. Destacó, entonces, dos puntos: por un lado, "no es únicamente una disputa por el financiamiento y por la cantidad de candidatos que puede pedir cada departamento".
Si se hacen proyecciones, explicó, que esos dos o tres diputados más que podría sumar la medialuna oriental -como se denomina a esa zona- "no le generarían una mayoría en Diputados ni en Senadores como para tener quórum, por lo que no generaría un cambio drástico la repartición de la fuerza política, porque además en Santa Cruz la segunda fuerza sigue siendo el MAS. Entonces, la capacidad de ejercer presión o de cambiar los resultados o las mayorías o minorías no es algo tan drástico como lo plantea Camacho".
Las propuestas en el Encuentro
Según informó el diario local La Razón, al menos cinco propuestas se debatieron a lo largo de la jornada, que contó con un solo cuarto intermedio desde que comenzó a las 8 de la mañana. La primera en manifestar la posición fue la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien dijo que la propuesta de su pueblo es que el censo se realice en el primer trimestre de 2024.
El alcalde cruceño, Fernández, dijo que en ellos está plasmada su propuesta técnica para que el censo se realice en diciembre de 2023. Aunque la presentó y se retiró del lugar, según se pudo ver en el medio Abya Yala TV. Esta propuesta tiene algo de coincidencia con la que llevó el alcalde de La Paz, Iván Arias, que propuso que censo sea el segundo semestre de 2023.
Estas voces se suman a las dos ya conocidas: la del Gobierno, que busca que el Censo se haga en abril de 2024 y la entrega de recursos, a partir de octubre de ese mismo año. Y la última es la del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que plantea junio de 2023.
Al cierre, el presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en 2023, Vicente Cuellar, consideró que “ninguna de las propuestas fue considerada" y que, por eso, se van con "las manos vacías". Para Cuellar, lo que se dio fue "un escenario técnico; era un escenario eminentemente político, y lo que ha hecho el presidente es recibir los insumos para que, en función de eso, tomar una decisión”.