La tensión crece en Santa Cruz a 21 días de iniciado el paro por tiempo indeterminado en reclamo por la realización del censo que piden para 2023, en un clima similar al que se dio previo al Golpe de Estado de 2019. Durante este viernes, sectores aliados al gobernador cruceño, Fernando Camacho -una de las figuras centrales del Golpe-, irrumpieron en las instalaciones del canal de noticias Bolivia TV (BTV), mientras que sectores aliados al Gobierno decidieron movilizarse para intentar desbloquear las rutas ocupadas. En medio de los enfrentamientos, quemaron de la Federación Sindical de Campesinos y coparon la sede local de la Central Obrera Boliviana. El Gobierno repudió la violencia que se da en la medialuna oriental, el sector más rico del país.
“Lamentamos y condenamos los hechos de violencia provocados en #SantaCruz. Reafirmo que fueron provocados, porque existe una responsabilidad en quienes mantienen posiciones intransigentes para exigencias sin sustento”, escribió en sus redes sociales la viceministra de Comunicación de Bolivia, en la tarde del viernes. Además, repudió el intento de toma de instalaciones de BTV y las agresiones a periodistas de diversos medios que, consideró, “son una clara muestra de violencia y censura contra la libertad de prensa y el ejercicio periodístico”. En ese sentido, informó que están procesando los casos de violencia hacia periodistas.
Los hechos de violencia comenzaron a registrarse temprano en la mañana cuando afines al Gobierno y al partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), y afines al paro cívico cruceño se enfrentaron en el intento por desbloquear las calles que mantienen paralizadas.
Según reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI), grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron y saquearon la sede de la COD de Santa Cruz. La información fue confirmada por el secretario ejecutivo de la COD, Rolando Borda, que dijo “que varios motoqueros rodearon el parlamento de los trabajadores cruceños, para incendiar y saquear, como lo hicieron con la sede de los compañeros campesinos”. Más tarde, se registró un incendio en las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Santa Cruz (Fsutcsc), en el medio de los enfrentamientos que involucró a los distintos sectores y, también, a la policía. Al respecto, los medios locales dan distintas versiones sobre los responsables.
MÁS INFO
En ese contexto, según el diario La Razón y El Deber, Camacho mantuvo una reunión con el jefe de la policía cruceña, Jhonny Chávez, a quien le solicitó textualmente que “no resguarden a masistas”, según reportaron distintos medios. “En este momento, violencia genera mayor violencia, la Policía cumplirá con su mandato constitucional. He quedado con el hermano gobernador de que vamos a bajar la tensión para evitar pérdidas humanas”, afirmó Chávez en diálogo con la prensa.
En esta semana, el Gobierno anunció que se emitirá un decreto que definirá la fecha del Censo, que será entre marzo y abril de 2024. Esta semana concluyó el encuentro nacional en Trinidad (Beni) para determinar una fecha final para el proceso censal. Camacho fue uno de los ausentes, como ya se ha vuelto habitual en este tipo de citas. Los técnicos del Comité Interinstitucional se retiraron de las discusiones.
MÁS INFO
Cuatro muertos, una violación múltiple y cientos de heridos
El Gobierno de Bolivia anunció que impulsará acciones penales contra los responsables de las protestas en Santa Cruz, la zona más rica del país. Según el último balance oficial ya hay cuatro muertos y 178 heridos, además, se denunció una violación múltiple. La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días "de terror" que caracterizan al paro y denunció que las personas responsables "tienen manchadas sus manos con sangre del pueblo". En este sentido, precisó que se hará la denuncia en instancias nacionales e internacionales.
La ministra señaló, asimismo, que el balance incluye daños económicos que alcanzan por el momento los 720 millones de dólares y advirtió que esta cifra puede aumentar con el paso de los días, hasta que se deje sin efecto el paro indefinido, según informó la agencia de noticias Europa Press. También, se denunció la violación múltiple de una niña y de decenas de heridos en los puntos de bloqueo cívico. Los bloqueadores no dejaron pasar ambulancias en estos días y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas, además de cobrar para permitir el paso.
Organizaciones afines al MAS se declararon en pie de lucha y llamaron a declarar el estado de excepción
En la jornada de este viernes la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se pronunciaron respecto a los hechos de violencia que se produjeron durante la jornada, en el marco del paro cívico.
“Esto no es un paro cívico, esto es sedición, esto es terrorismo para nosotros”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, al tiempo que exigió al Gobierno “actuar de manera inmediata (…) poner mano dura y declarar Estado de Excepción”. El dirigente obrero señaló a Camacho; al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, de estar detrás de los hechos de violencia. Además, advirtió que “se está gestando un nuevo golpe de estado”, por lo que se declaran en estado de emergencia.
La organización de mujeres campesinas conocida como “Las Bartolinas” se declaró en “pie de lucha” con un comunicado y en una conferencia de prensa, para defender al presidente y al vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, “elegidos democráticamente con el voto mayoritario del pueblo boliviano y a la revolución democrática y cultural, al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS –IPSP), de este nuevo intento de golpe de Estado por parte de la ultraderecha racista y fascista”.
También coincidieron en llamar al estado de excepción y en señalar que la violencia proviene de los sectores aliados al gobernador cruceño que “abandonó los debates técnicos (sobre el censo, en referencia a los diálogos llamados por eje Ejecutivo nacional de los que no participaron), utilizando políticamente para mantenerse en el escenario político y tapar su desastrosa gestión administrativa”, sostuvieron y repudiaron el paro “violento y caprichoso”.
Por su parte, el dirigente de la Csutcb, Humberto Claros, expresó su repudio por la toma e incendio de la filial en Santa Cruz: “Lo que está pasando es un estado fascista impuesto por el Comité Cívico y un gobernador pandillero. Nos solidarizamos plenamente con nuestros hermanos campesinos, estaban en el interior unos 15 o 20 compañeros”, dijo Claros.
Cerrar sesión