La imagen de la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez ha causado un gran impacto ya que no es muy común ver detrás de las rejas a un mandatario poco después de haber abandonado el cargo.
Su detención motivó polémicas y múltiples interpretaciones que incluyen lo jurídico y lo político. En realidad, lo primero que hay que decir de manera contundente es que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Quienes derrocaron a Morales lo niegan y este es un aspecto interesante que venimos planteando en estas columnas hace varios años: las derechas latinoamericanas ya no pueden concretar golpes de Estado como en el siglo pasado cuando los militares tomaban el poder, cerraban el parlamento, prohibían partidos políticos y sindicatos, secuestraban y asesinaban a mansalva. Las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y Morales en 2019 ratifican lo antedicho. En todos los casos se argumentó que se respetaba la institucionalidad. Aunque Áñez dice haber asumido de manera constitucional, previamente las Fuerzas Armadas le “sugirieron” a Morales renunciar. Y ya sabemos qué sucede en América Latina cuando intervienen los militares.
Las acusaciones contra Áñez ahora incluyen “terrorismo, sedición y conspiración” y van desde la forma cómo asumió la presidencia hasta las masacres que se produjeron durante su gobierno.
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Se podrán discutir los vericuetos jurídicos, pero el tema central es político.
Áñez presidió un país en el marco de un golpe de Estado, esto a partir de un hecho totalmente ilegítimo, ya que en Bolivia los presidentes se eligen por el voto popular y aunque ella no fuera la instigadora ni “sugiriera” la renuncia de Morales, asumió como presidenta de facto en una sucesión irregular aunque intentaran presentarla como legal. No la absuelve el hecho de haber convocado luego a elecciones ni haber reconocido el triunfo de Luis Arce. Augusto Pinochet también entregó el poder y reconoció el triunfo electoral de Patricio Aylwin en 1989. ¿Acaso esto lo exculpa del golpe de 1973? De ninguna manera.
Si miramos la historia latinoamericana veremos que quienes protagonizaron golpes de Estado no recibieron castigo alguno por haber derrocado un gobierno constitucional electo por el voto popular. Tampoco quienes formaron parte de esos gobiernos aunque no hubieran protagonizado el golpe. Es más, en Bolivia, el general Hugo Banzer, dictador entre 1971 y 1978, fue electo presidente en 1997. Pudo ser electo justamente porque no recibió castigo alguno por haber estado al frente de un gobierno de facto.
En la Argentina, los militares que gobernaron entre 1976 y 1983 fueron juzgados por secuestros, torturas, desapariciones de miles de personas y por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no fueron juzgados por ser partícipes de un gobierno de facto anticonstitucional.
Habrá quienes dirán que Áñez persiguió opositores y que ahora Arce hace lo mismo. De ninguna manera hay equivalencias. No se trata de la persecución de opositores, ni siquiera de saber quiénes pergeñaron el golpe de Estado; sino de castigar a quienes estuvieron a la cabeza de un gobierno de facto. Áñez fue presidenta de un gobierno de facto, y por esto debe ser condenada más allá de cualquier cálculo político de coyuntura actual en Bolivia.
Para la historia de América Latina la condena a Jeanine Áñez puede sentar un precedente. Puede haber un antes y un después. Y, en ese sentido, bienvenida sea.
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