Unas 300.000 personas protestaron hoy en Israel, por noveno fin de semana consecutivo, contra el proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, informó la prensa internacional.
La Policía declaró ilegal la manifestación después de que unos 200 manifestantes saltaran las vallas policiales e iniciaran un fuego con el objeto de bloquear una autopista en las inmediaciones de HaShalom, la principal estación ferroviaria de Tel Aviv.
Los uniformados los dispersaron con caballería y cañones de agua, pero hasta esta noche (la tarde en la Argentina) no se habían reportado lesionados ni detenidos, según la agencia de noticias Europa Press.
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Los manifestantes comenzaron a concentrarse a última hora de la tarde y entre los primeros hubo un grupo de mujeres que lucían el vestido rojo del libro distópico “El cuento de la criada”, según el diario local Yedioth Aharonoth.
En Rehovot, a unos 32 kilómetros al sur de Tel Aviv, se colgó de un edificio una copia gigante de la Declaración de la Independencia de Israel, en cuyo pie los manifestantes estamparon sus firmas.
“Creemos que no tenemos futuro si Israel no es una democracia liberal fuerte; creemos en el bien común y no como algo que el gobierno nos dé como regalo, y está claro que es algo que el gobierno nos lo puede quitar”, afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid.
“Aquí (en la protesta) hay gente que protege al Estado, que trabaja para el Estado, sirve a toda la sociedad israelí y que viene de todas partes; judíos, árabes, religiosos y no religiosos, porque no tenemos otro país y no tenemos otro camino”, dijo otro dirigente opositor, el ex primer ministro interino Benny Gantz.
El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, ordenó ayer a la Policía que impidiera que los manifestantes cortaran el tránsito y hoy calificó de “anarquistas” a los que intentaron hacerlo.
“No tengo intención de disculparme con nadie y menos con los anarquistas que quieren incendiar Tel Aviv”, dijo durante una visita al centro de comando de la Policía.
La coalición gobernante impulsa una reforma destinada a traspasar atribuciones del Poder Judicial al parlamento, considerada por opositores y expertos como un retroceso en materia de separación de poderes y un “golpe judicial”.
Con información de Télam
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