El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió hoy al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que construya un "consenso" popular en torno a la polémica reforma judicial que prepara su Gobierno y que fue denunciada por la Judicatura del país como un ataque al equilibrio de poderes.
Los cambios propuestos por el titular de la cartera de Justicia, Yariv Levin, en el caso de que sean aprobados por la Knesset (el Parlamento israelí), darían al Gobierno el control sobre el comité de selección judicial y limitarían la autoridad de los asesores legales.
En declaraciones al New York Times, inusuales en un mandatario norteamericano por su franqueza sobre una cuestión interna israelí, Biden explica que "la genialidad de las democracias estadounidense e israelí reside en que ambas están construidas sobre fuertes instituciones, que se controlan entre sí, y sobre una Judicatura independiente".
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"La construcción de un consenso a la hora de establecer cambios fundamentales", apuntó Biden sobre la reforma, "es importante a la hora de garantizar que la gente los acepte, y puedan sostenerse por ello".
Esta es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos interviene en un debate interno israelí sobre el carácter mismo de la democracia del país.
La declaración de Biden llega en un momento crucial de la discusión interna israelí y bien podría energizar y expandir la ya significativa oposición a lo que los críticos de Netanyahu llaman un golpe legal que movería a Israel al campo de los países que -consideran- se alejaron de la democracia, como Turquía, Hungría y Polonia.
La reforma recibió críticas de múltiples frentes, comenzando por la presidenta del Supremo Esther Hayut, quien acusó a Levin en enero de instigar un "ataque desenfrenado al sistema de justicia".
Según una encuesta publicada por el Canal 12, un 31% pide la anulación de la reforma y otro 31% la quiere aplazada. Solo un 24% quiere que la reforma continúe.
Aunque Netanyahu prometió que atenderá a todas las partes y responderá a las quejas, la protesta se tradujo en masivas manifestaciones cada sábado por la noche y mañana está convocada una huelga general, coincidiendo con la primera votación del proyecto de ley.
Ayer, al menos 50.000 israelíes se volvieron a manifestar contra los planes de Netanyahu de despojar a la Corte Suprema de Israel de su independencia y ponerla bajo su control, en un momento en que él mismo enfrenta cargos de corrupción.
El presidente Isaac Herzog ha intentado evitar lo que teme que podría ser el conflicto civil más grave de la historia dentro de la sociedad israelí si se lleva a cabo un cambio tan grande en el sistema judicial, impulsado por la coalición de gobierno que lidera el Likud de Netanyahu e integrada por grupos de ultraderecha sionista y ultraortodoxos.
Herzog le solicitó a Netanyahu y su coalición dar un paso atrás y organizar algún tipo de diálogo nacional bipartidista que pueda estudiar pacientemente qué tipo de cambios judiciales podrían ser saludables para Israel, pero hacerlo con expertos legales, de manera no partidista y de una manera que preserve la integridad del sistema judicial que existió desde la fundación de Israel.
“Los cimientos democráticos de Israel, incluido el sistema de justicia, los derechos humanos y las libertades, son sagrados y debemos protegerlos. La dramática reforma, cuando se hace rápidamente sin negociación, suscita oposición y profunda preocupación entre el público”, declaró Herzog el 24 de enero tras la negativa de diálogo de Netanyahu.
“La ausencia de diálogo nos está desgarrando por dentro, y les digo alto y claro: este polvorín está a punto de explotar. Ésto es una emergencia", agregó.
Con información de Télam
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