El Gobierno de Brasil destituyó a 40 militares que recibieron bonificaciones para trabajar en la coordinación de la seguridad en la residencia oficial del presidente de la República, a poco más de una semana del ataque masivo contra los tres poderes del Estado en Brasilia, en el que las autoridades reconocieron cierta connivencia de militares y policías.
La decisión afecta a soldados, cabos y sargentos, que seguirán perteneciendo a las Fuerzas Armadas, pero deberán hacer actividades en otros destinos, según determinan las ordenanzas de la Secretaría General de la Presidencia publicadas este martes en el Boletín Oficial. Por otro lado, el Ministerio de Derechos Humanos recompuso la Comisión de Amnistía, un órgano consultivo de la cartera, creada para evaluar la concesión del estatus de amnistía política, así como la compensación económica, a quienes sufrieron violencia política por parte del Estado.
La destitución de los militares del Palacio de la Alvorada -la residencia oficial del mandatario- se concretó en medio de la desconfianza expresada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la actuación de los militares durante los atentados del 8 de enero, cuando bolsonaristas invadieron la sede de los Tres Poderes, en Brasilia, reclamando a viva voz un golpe de Estado.
La semana pasada, Lula dijo que vio casos de complicidad entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Distrito Federal con bolsonaristas radicales. También se quejó de que todavía no puede mudarse a Alvorada por el estado de conservación de su residencia oficial.
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La Secretaría General también destituyó a un cabo de la Fuerza Aérea que trabajaba en la coordinación de la administración de Granja do Torto, un teniente que estaba en la Coordinación General de Administración de Residencias Oficiales y un teniente coronel de la PM de Brasilia. El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), encargado de cuidar la seguridad del presidente, el vicepresidente y los palacios presidenciales también despidió personal militar.
La cartera destituyó a tres militares del cargo de asesor técnico militar en la Coordinación General de Operaciones de Seguridad Presidencial, entre ellos el teniente coronel del ejército Marcelo Ustra da Silva Soares. Según el portal Metrópoles, Da Silva Soares es pariente del coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, considerado uno de los principales torturadores de la dictadura militar (1964-1985).
¿Quién fue el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra?
El coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra murió en 2015 a los 83 años, comandó de 1970 a 1974 el DOI-Codi, el órgano de represión de la dictadura, en el que se registraron al menos 45 muertes y desapariciones forzadas, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Verdad.
“Contra el comunismo, por nuestra libertad, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por el terror de Dilma Rousseff, por nuestras Fuerzas Armadas, por un Brasil en primer lugar y por dios por sobre todas las cosas, mi voto es por el sí”, con esa frase Bolsonaro saltó a la fama. Era 21 de abril de 2016 y usó esa proclama para manifestar su voto a favor del impeachment de la entonces presidenta. Ustra fue señalado por Rousseff como uno de sus torturadores. Para Bolsonaro, en cambio, fue un "héroe" nacional.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno federal, Da Silva Soares viajó a fines de diciembre a Orlando, en Estados Unidos, por trabajo, como miembro del equipo de seguridad en el viaje de un familiar del entonces presidente. Bolsonaro viajó a Orlando en vísperas del final de su mandato, el 30 de diciembre, y aún permanece allí.
Comisión de Amnistía
A través de una ordenanza, el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvo Almeida, informó sobre la recomposición de la histórica Comisión de Amnistía. El órgano consultivo de la cartera, creada en 2022 durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso, para evaluar la concesión del estatus de amnistía política, así como la compensación económica, a quienes sufrieron violencia política y persecución por parte del Estado entre el 18 de septiembre de 1946 y el 5 octubre de 1988.
Según informó el portal Agencia Brasil, a partir de 2019 se desnaturalizó el concepto de reparación integral con el que trabajó la comisión hasta 2017, lo que resultó en el rechazo del 95% de las solicitudes analizadas desde ese año hasta 2022.
Del total de 4.285 casos juzgados en este período, 4.081 fueron sobreseídos. Para la nueva composición, informó el ministerio, consideró "experiencia técnica, especialmente en el tratamiento de la reparación integral, la memoria y la verdad" -entre elles, se encuentra, además, algunas de las personas que fueron perseguidas políticas- y tendrán la tarea de "revertir la injerencia política propagada" durante el gobierno de Bolsonaro, informó el portal G1.
En tanto, según el mismo medio, defensores y defensoras de la "reparación integral" reclaman que además de la compensación económica y la disculpa formal del gobierno a las víctimas y a sus familias, es necesario tomar en cuenta la atención en salud mental de estos y otros grupos afectados por la violencia de la dictadura. Por su parte, el ministro Almeida, durante su discurso de asunción se manifestó a favor de crear otra comisión vinculada a la investigación específica de los crímenes de la dictadura militar (1964 - 1985), aún no hubo novedades al respecto.
Con información de Télam
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