El ministro de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes decidió mantener la prisión preventiva de 140 personas que fueron detenidas por la invasión y el ataque a los tres poderes del Estado por parte de bolsonaristas el domingo 8 de enero. El portal G1 explicó que De Moraes convirtió la “prisión en flagrante” en “prisión preventiva” para garantizar el orden público y la efectividad de las investigaciones luego de haber analizado 200 audiencias de los casi 1500 detenidos.
En una nota, el magistrado de la Corte informó que existe evidencia de que esas 140 personas cometieron los siguientes delitos:
- Actos terroristas, inclusive preparatorios: la legislación prevé penas por actos de preparación para planear acciones terroristas, además de penas para quienes sean miembros de organizaciones terroristas
- Asociación criminal
- Abolición violenta del estado democrático de derecho, es decir cuando se utiliza violencia o amenaza grave para impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales
- Golpe de Estado
- Amenaza
- Persecución
- Incitación al crimen
La legislación brasileña determina que una prisión preventiva puede ser decretada como garantía de orden público, orden económico, conveniencia de la instrucción penal o aplicación de la ley penal. Eso vale para los casos en que hubiera prueba de la existencia del crimen e indicios suficientes sobre la autoría y del peligro generado por la libertad de quien es el objeto de la orden.
En esa línea, De Moraes consideró que las conductas ilícitas cometidas son “gravísimas” y que tuvieron como objetivo coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales. Para él, los bolsonaristas que invadieron y atacaron las instituciones del Estado confrontaron el mantenimiento del Estado democrático de derecho, en evidente “discordancia” con la garantía de la libertad de expresión. Como se dijo desde el inicio desde los medios y desde el Gobierno, también, insistió en la necesidad de averiguar quién financió la movilización.
Por otra parte, 60 personas fueron liberadas, aunque existen indicios sobre la comisión de delitos, en particular, del intento de “derrocar al Gobierno” legalmente constituido. Sin embargo, aún no se sumaron las respectivas pruebas a la investigación. Todas ellas contarán con una tobillera electrónica, deberán reportarse ante la Justicia, no podrán salir del país, portar armas ni utilizar las redes sociales. Tampoco podrán establecer comunicación con cualquiera de las partes involucradas.
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