El gobernador de California, Gavin Newsom, respaldó hoy un nuevo proyecto de ley estatal que permitiría a los residentes del estado demandar a los fabricantes de armas, de la misma forma en que el sureño estado de Texas permite a sus habitantes denunciar a los proveedores de servicios de aborto.
Acompañado de legisladores y del fiscal general de California, Rob Bonta, el gobernador apoyó el proyecto legislativo AB 1594 que, de ser aprobado, restaurará los derechos de los californianos para responsabilizar a la industria de armas de fuego por "mala conducta" y hacer cumplir la prohibición estatal de armas de asalto.
“Si Texas puede usar una ley para prohibir el derecho de una mujer a elegir y poner en riesgo su salud, usaremos esa misma ley para salvar vidas y mejorar la salud y la seguridad de las personas en el estado de California”, dijo Newsom en una conferencia de prensa, según reprodujo el portal de noticias Politico.
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En diciembre pasado, el gobernante demócrata solicitó diseñar esta iniciativa inspirada en la normativa contra el aborto de Texas, en la que el estado invita a los ciudadanos a demandar a los personas que ayuden a efectuar una interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación y, en caso de prosperar, los recompensa con 10.000 dólares.
Para Newson, este proyecto de ley representa un reto para la Corte Suprema, que en dos ocasiones decidió no suspender la normativa texana pese a ser contraria al fallo del máximo tribunal que legalizó el aborto en 1973.
“No hay una forma en la que la Corte Suprema de Estados Unidos no pueda defender esta ley. Está literalmente inspirada en la ley que acaban de validar en Texas”, dijo Newsom en tono desafiante y agregó que en caso de rechazar esta normativa contra las armas el máximo tribunal expondría su "hipocresía".
En tanto, Bonta señaló que “ninguna industria debería obtener una exención especial para proteger a sus clientes, pero especialmente una industria responsable de la muerte de miles de estadounidenses cada año”, al referirse a los productores de armas.
El fiscal californiano explicó que en 2005 el Gobierno federal despojó a los estadounidenses del derecho a responsabilizar a los fabricantes y distribuidores de armas por el daño que causa su conducta cuando sus productos se usan ilegalmente y dejó solo una pequeña excepción para tales demandas.
“Hoy, utilizando esa excepción, comenzamos el proceso de restauración de estos derechos en California”, sentenció.
Con información de Télam
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