El avance en España de un proyecto de ley para mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco sacude la política ibérica y desata enconados debates y resistencias en parte del arco político español, a la espera de su aprobación definitiva en el Senado tras haber obtenido media sanción esta semana.
La Ley de Memoria Democrático (LDM) salió adelante en Diputados con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, respaldada por los dos socios de la coalición gobernante, el socialista PSOE y el partido de Izquierda Podemos, partidos separatistas catalanes, una agrupación valenciana y otra ecologista escindida de Podemos.
El proyecto, que profundiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, había sido aprobado por el gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace casi un año y tomado en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después fue congelado cuando el Gobierno no encontró suficientes apoyos para sacarla adelante.
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El proyecto pudo reactivar su tramitación el mes pasado, cuando el PSOE y Podemos acercaron posturas con otras formaciones minoritarias tras ser introducidas varias enmiendas que éstas exigían para acompañarlo.
Una de ellas contempla poner en marcha una comisión de expertos -no una causa judicial- que investigue violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1978, cuando se aprobó la Constitución, y 1983, ya transcurrido el primer año de Felipe González como presidente y cometidos los primeros atentados del grupo paramilitar GAL contra la organización separatista vasca ETA.
Pese a que aún no completa su trámite legislativo, la norma ya es centro de duras críticas por parte del amplio arco opositor.
A grandes trazos, desde la derecha, el rechazo se fundamenta en el riesgo de que la LMD se supedite a planteamientos ideológicos maniqueos y conveniencias políticas parciales, en vez de haber sido elaborada a partir de las demandas ciudadanas mayoritarias y "nacidas de la propia Historia", editorializó esta semana el historiador, ensayista y columnista español Antonio Elorza en el diario El País.
Además de catalogarla de "revisionista -y casi en tándem- el derechista Partido Popular (PP), Vox, de extrema derecha, y Ciudadanos, de centroderecha, criticaron el acuerdo con el independentismo catalán y que el texto no tenga en cuenta a las víctimas de ETA.
El mismo día de su aprobación en Diputados, el presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, lanzó una promesa en tono electoral y aseguró que derogará la norma "no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo PSOE, para juntos restablecer la memoria y la justicia".
Más duro, el diputado popular Jaime Mateu dijo que la LMD le provocaba "profunda repugnancia al PP" mientras su compañera de filas, la secretaria general Cuca Gamarra, esta semana dijo que supone "el mayor ataque a nuestra fortaleza democrática" y que esto "demuestra por qué es tan importante un cambio de Gobierno".
"La Transición es un legado político que debemos preservar y proteger al máximo. Nuestra historia no se reescribe ni se reinterpreta en base a la memoria de algunos" clamó.
El líder de VOX, Santiago Abascal, por su parte, aseguró también que derogará la LMD "tanto si gobernamos como si un Gobierno depende de nosotros", advirtiendo al PP que éste punto será una exigencia para gobernar en coalición con esa formación.
Abascal dijo que el proyecto de ley "enfrenta a los españoles" y "rescata viejos odios fratricidas" que buscan "deslegitimar el acuerdo constitucional y el abrazo que se dieron los españoles" durante la Transición.
Desde la otra punta del espectro político, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que se abstuvo de la votación en el hemiciclo, la considera "insuficiente".
La formación independentista presionó infructuosamente para que la ley permitiera juzgar los crímenes de la dictadura franquista, que se consideren crímenes contra la humanidad.
"Con lo que se aprueba la herida sigue sangrando. Esta ley sigue quedándose muy lejos de una reparación justa a las víctimas", denunció una de sus legisladores, Carolina Telechea.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por su lado, consideró que la norma "carece de medidas reales", aunque admite que constituye un avance "en materia simbólica", al condenar el régimen franquista, anular los juicios de dicho periodo, retirar los títulos nobiliarios que concedió el dictador Franco e ilegalizar la Fundación Franco.
Aun así, la ARMH reclama que hay "mucho por hacer".
El proyecto de ley específica que estudiará y no investigará las posibles vulneraciones de los derechos humanos de 1978 a 1983; y que creará una comisión para ello.
Esto quiere decir que los responsables de la violencia política de este periodo seguirán sin ser juzgados, lo cual incluye la guerra sucia del Estado contra ETA y los GAL.
Para Silva, "si son hechos criminales deberían estar investigados, porque ya éramos en aquel momento una democracia".
Una parte del PSOE, y el arco de partidos que lo apoyaron en Diputados, por su parte, defienden que esta nueva norma "va a hacer más digna" la democracia española y que supone un homenaje a "todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro y también a todas las víctimas de la dictadura".
En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, asegura que la recién aprobada ley constituye "un bálsamo reparador" que "reescribe" la historia del país.
"La democracia empezó en 1931, la recobramos en 1978 tras un golpe de Estado y esta ley hace hoy mucho mejor a nuestro país. La historia se reescribe también en el día de hoy", concluyó.
Sin embargo desde las propias filas del PSOE, incluyendo dirigentes de peso, también surgen críticas por haber pactado con partidos separatistas catalanes de EH Bildu, haber cedido a sus exigencias y porque -según los firmantes de un manifiesto difundido esta semana- la nueva legislación "tergiversa" el "gran pacto constitucional de 1978".
Una encuesta publicada la semana pasada asegura que el 58,3% de españoles cree que la coalición de Gobierno no debió pactar con el independentista EH Bildu para lograr que la LMD avanzara, mientras un 71,3% consideró que el proyecto debió haber sufrido de un gran pacto entre las principales fuerzas políticas, es decir PSOE y PP.
Con información de Télam
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