(Por Ariadna Dacil Lanza).- El primer ministro Benjamin Netanyahu cumplió dos meses en el gobierno de Israel y ya enfrenta cuestionamientos tanto internos, con sus propuestas de reforma judicial y de pena de muerte para atacantes palestinos, como externos, tras una escalada de violencia en la ocupada Palestina que incluyó un ataque a un poblado por parte de colonos judíos.
La conflictividad que enfrenta Netanyahu es parte de su propia decisión de avanzar en una reforma judicial que el Parlamento (o "Knesset) tiene previsto aprobar este mes y que incluye dos aspectos que la oposición e incluso el empresariado israelíes estiman que no respetarían la división de poderes.
El primero es la potencial ampliación de las atribuciones de la Knesset -con mayoría oficialista- en detrimento de las de la Corte Suprema, ya que los legisladores podrían anular decisiones del máximo tribunal con una mera mayoría simple, es decir, 61 votos del total de las 120 bancas.
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El segundo punto, y no el último en el foco de las críticas, es una modificación del Comité de Selección Judicial (CSJ), responsable de nombramientos, promoción y remoción de jueces.
La reforma inclinaría las designaciones casi por completo como un atributo del gobierno de turno. En la actualidad, en el CSJ los jueces tienen poder de veto.
Según encuestas publicadas en medios israelíes, "más de la mitad del público no apoya el golpe judicial o la forma en que se lleva a cabo", dijo a Télam el director de Relaciones Externas de la organización israelí Paz Ahora, Mauricio Lapchik.
"Lo llamamos golpe judicial porque el objetivo -en palabras del Gobierno- es un cambio de régimen; Israel dejaría de ser un régimen democrático y pasaría a no respetar la separación de poderes", sostuvo.
El representante de una de las más longevas organizaciones que luchan para que israelíes y palestinos tengan "una solución de dos Estados" dijo que hay tres sectores en el gobierno y que cada uno obtendría beneficios de este cambio.
"El Likud, el partido más grande de la coalición, tiene como objetivo que su líder Netanyahu escape de las causas de corrupción que tiene en la Corte; en tanto, los partidos ortodoxos quieren promover leyes religiosas y permitir que uno de sus referentes sea designado ministro, algo que la Corte le negó por causas por las que estuvo preso", comentó.
La tercera facción son "los partidos de ultraderecha y ultrarreligiosos, como Sionismo Religioso y Poder Judío, que quieren establecer en Israel un modelo que copia el que existe en los territorios ocupados" desde 1967 a Palestina en Cisjordania y Jerusalén este.
Lapchik participó de las protestas de los sábados contra el cambio en la Justicia -al que diversas organizaciones se resisten en llamar meras reformas-, que se repiten desde hace nueve semanas.
Esas protestas y dos paros generales fueron acompañados por una mayoría de israelíes judíos, de izquierda y derecha liberales, aunque no interpeló a los palestinos que son ciudadanos de Israel, los llamados árabes israelíes, que son un 20% de la población.
Las manifestaciones contra la reforma judicial en Israel coinciden con uno de los periodos más violentos en años en Cisjordania y Jerusalén este, con más de 60 muertos del lado palestino y 14 del lado israelí en operativos militares y ataques en lo que va el año.
Delegaciones oficiales de israelíes y palestinos se reunieron en Jordania el domingo pasado y confirmaron "su compromiso conjunto" para poner fin a medidas unilaterales, como una expansión de las colonias que había anunciado Netanyahu o los ataques palestinos.
Pero ese mismo día se desató una nueva escalada de violencia cuando un palestino del poblado de Huwara, en Cisjordania, mató a tiros a dos colonos israelíes.
Si bien el Gobierno israelí llamó a no hacer justicia por mano propia, grupos de colonos quemaron decenas de propiedades y autos en Huwara.
Organizaciones de derechos humanos, políticos e incluso el general a cargo de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, general Yehuda Fuchs, calificaron el hecho como un "pogromo".
"No se puede justificar el pogromo en Huwara diciendo que fue una respuesta al asesinato de dos colonos sin mencionar que días antes el Ejército israelí mató a cuatro civiles e hirió a más de 80 en la ciudad palestina de Naplusa y que colonos israelíes intentaron quemar un poblado palestino", dijo a Télam el periodista y autor del libro "Medio Oriente, Lugar Común", Ezequiel Kopel.
El ministro de Economía israelí, Bezalel Smotrich, quien está a cargo de la administración civil de las colonias, avivó las tensiones cuando declaró que "la aldea de Huwara debería eliminarse, es el Estado el que debe borrarla".
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron esos comentarios. Smotrich dijo luego que sus palabras habían sido inapropiadas.
El Likud fue el partido más votado en las elecciones de noviembre pasado, pero Netanyahu recién pudo formar gobierno el 29 de diciembre gracias a una alianza con conservadores y nacional religiosos, parte del movimiento colono de Cisjordania, al que pertenecen Smotrich y otros miembros de la coalición.
"En Israel hay dos cambios muy bruscos: uno es el golpe judicial y el otro es transferir la autoridad militar sobre los territorios ocupados a una autoridad civil", dijo Lapchik.
"No es solo una anexión de facto -que es lo que ya viene haciendo Israel de manera ilegal-, sino que lo que representa este cambio es una anexión de iure (con reconocimiento jurídico)", consideró.
En tanto, Kopel dijo que "desde hace años los colonos radicales tienen la idea de hacer con Huwara lo que hicieron con el casco histórico de Hebrón, es decir, volverla una ciudad fantasma".
"La razón es que es la única ciudad palestina que está a los dos costados de la ruta 60, que conecta la mayoría de las colonias del centro con las del norte", agregó.
El periodista, que vivió casi 10 años en la zona, llamó la atención sobre la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad durante los incendios en Huwara y los efectos de mantener la ocupación.
"Lo que empieza en Cisjordania termina en Israel; no se puede mantener por medio siglo una democracia para ciudadanos junto con una dictadura militar para 'no ciudadanos' y que el hecho no produzca consecuencias", opinó.
El miércoles pasado se celebró Día Nacional de Interrupción, una jornada de protestas y desobediencia civil en Israel contra la reforma judicial, bajo el lema "Israel no se convertirá en una dictadura".
Ese día, las marchas fueron reprimidas por primera vez, lo que provocó más críticas al Gobierno.
Lapchik dijo horas después que por primera vez sintió "optimismo al oír cantos contra la ocupación" de Palestina.
"¿Dónde estuvieron durante los ataques a Huwara?", cantaron los manifestantes contra las fuerzas de seguridad, dijo.
En paralelo, el ministro de Seguridad, el también colono Itamar Ben-Gvir, impulsa un proyecto para condenar a pena de muerte a palestinos que cometan ataques mortales contra israelíes, que avanzó esta semana en el Parlamento.
En suma, los especialistas advirtieron sobre la avanzada conservadora en la política israelí.
"El campo más conservador, religioso y en algunos casos fanático, que no concuerda con los valores democráticos, quiere crear en Israel una dictadura que tarde o temprano se terminará convirtiendo en una teocracia", alertó Lapchik.
Con información de Télam
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