El presidente ecuatoriano con nacionalidad estadounidense, Daniel Noboa, busca dar un paso más en el corto, pero constante camino de entrega de soberanía que él mismo trazó. Ahora quiere permitir que Estados Unidos vuelva a instalar bases militares en Ecuador, mientras parte del país sigue gobernado bajo estado de excepción. Ex funcionarios de Rafael Correa (2007-2017) descartaron que la instalación de estas bases colabore a la seguridad del país. La base daría una posición clave a la Casa Blanca en la región. La buena sintonía entre las dos naciones ya se vio en enero, cuando la general estadounidense Laura Richardson dijo que su país tiene un "plan de cinco años" en materia de seguridad para la nación sudamericana y cuando en febrero, Noboa dio luz verde a dos acuerdos que, entre otras cosas, dan exenciones e inmunidades al personal estadounidense y le autorizaron a tener libre movilidad. Para aprobarlos, la Justicia le había concedido a Noboa el poder de saltearse al legislativo.
El lunes, Noboa anunció que presentaría ante la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar parcialmente la Constitución -su artículo 5- a fin de eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional. El argumento del presidente más joven de la región es dar "respuesta nacional e internacional" a "un conflicto transnacional" contra el crimen organizado. El mandatario, cuyo país tiene a seis de sus 24 provincias gobernadas bajo estado de excepción y no logra ofrecer respuestas al aumento de la criminalidad, parece querer dar un golpe de efecto y desandar la política soberanista del correísmo. Y si bien a mitad de año fuentes del Pentágono señalaron a El Destape que no estaban impulsando la apertura de bases en la región, parecería que la historia puede ser otra en caso de ser invitados.
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Estados Unidos debió cerrar la base en el puerto pesquero de Manta, en el suroeste del país, en 2009, cuando concluyó un acuerdo para la lucha antidrogas entre Washington y Quito. El acuerdo no se podía reeditar porque con la llegada al poder de Correa y la sanción en 2008 de una nueva constitución, se estableció lo que ahora Noboa quiere desandar. Así, la Casa Blanca tuvo que desarmar una de sus posiciones claves en la región, una base que era la más importante hasta entonces en Sudamérica y que era considerada estratégica al estar en la costa del Pacífico ecuatoriano.
Noboa intenta revertir los indicadores que señalan que Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016. Sin embargo, hacerlo a través de ceder soberanía a Estados Unidos ya le generó cuestionamientos entre parte de la oposición, principalmente de quienes formaron parte del gobierno de Correa conocido como Revolución Ciudadana. El ex canciller (2016-2017) Guillaume Long dijo a El Destape que en los diez años del gobierno de Correa se demostró que hubo una caída muy fuerte de los homicidios en el Ecuador: “Correa llegó al poder con cerca de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y terminó con unos 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es bajísimo para América Latina. Es lo más bajo en lo que tenemos de datos de la historia del Ecuador. Eso demuestra el éxito por parte de la administración Correa en enfrentar el problema de la violencia, de los homicidios, del crimen organizado”, consideró y agregó: “Todos estos avances se hicieron sin presencia militar de Estados Unidos en el Ecuador”.
A partir de esa experiencia, cuestionó la propuesta de Noboa de reforma constitucional. “La pregunta es si una base militar estadounidense podría realmente ayudar a resolver el problema de violencia que enfrenta Ecuador en este momento”, indagó. Para el ex funcionario, el gobierno busca instalar una “narrativa absolutamente falaz, que no resiste el menor análisis” que asegura que “el cierre de la base de Manta fue lo que permitió el regreso, desde el 2018 y 2019 en adelante, de una ola de violencia y criminalidad”. Contrario a ello, en realidad “fue el desmoronamiento del Estado e institucional, el fin de las políticas sociales, el fin del crecimiento, lo que hizo que el país presencie un fenómeno nuevo, con unos índices de violencia, de criminalidad que nunca habíamos vivido en el Ecuador”.
Correa rechazó la iniciativa de Noboa y la calificó de un “engaño”: “Las estadísticas son contundentes. Este muchacho es un farsante y está improvisando, mientras la gente se muere”, respondió el ex mandatario a la cadena de noticias CNN. Por su parte, el ex candidato presidencial del correismo en 2021, Andrés Arauz, dijo después del anuncio de Noboa que Estados Unidos no busca combatir el narcotráfico ni ayudar a Ecuador a luchar contra el crimen organizado: “Todos sabemos que si Estados Unidos quisiera combatir al narco lo haría por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros (sic), regulando a los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción de los puertos y aduanas estadounidenses (¿o por dónde creen que entra la droga?). Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico”, comentó en la red social X.
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“Se creó un vacío en el Ecuador, que ha sido llenado por el crimen organizado. No es la ausencia de Estado, es la ausencia de política pública y de políticas de seguridad”, dijo Long y recordó que desde el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) en adelante se cerró el Ministerio del Interior, el de Justicia y Derechos Humanos -que administraba el sistema penitenciario en el Ecuador- y el de Coordinador de Seguridad. Para el ex canciller, Correa logró resultados a partir de “una política más tradicional de seguridad, de poner orden en el país, de dotar de herramientas a la Policía Nacional, de tener un sistema de inteligencia, todas estas cosas que son parte fundamental de construcción del Estado, y por otro,con una política económica, de crecimiento política social, redistribución de la riqueza, ayuda a los más vulnerables. Una política transversal de Estado pudo reducir muy fuertemente el problema de la violencia”, dijo.
Corto, pero intenso camino de sintonía de Noboa con Estados Unidos.
Noboa llegó a la presidencia en noviembre de 2023 para terminar el mandato de su antecesor, Guillermo Lasso, desplazado de la escena en medio de un juicio político en su contra por sospechas de corrupción, lo que lo llevó a adelantar las elecciones después de disolver la Asamblea Nacional. En su corta carrera, el actual líder del Ejecutivo ya dio señales significativas de sintonía con Estados Unidos. En enero de 2024, recibió a la general Laura Richardson, Comandante del Comando Sur de EEUU (Southcom), y esta aseguró que su país tiene un "plan de cinco años" en materia de seguridad para Ecuador. "Tenemos varias cosas que hemos hecho muy recientemente con Ecuador. Por ejemplo, la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, llamada ESAR, con Ecuador. Y solo hay otro país en la región con el que tenemos firmada esta hoja de ruta", dijo Richardson, en entrevista con el medio local Primicias.
El plan de cinco años delinea el esquema "para la cooperación en materia de seguridad" e incluye un grupo de trabajo binacional para facilitar el intercambio "entre el Pentágono y Ecuador", dijo la enviada de Washington en su segunda visita desde 2022. A su vez, Richardson, quien también se reunió con diversos funcionarios del gabinete y con altos mandos de las Fuerzas Armadas, detalló que para el año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre de 2023 en Estados Unidos, tienen "un total de 124 actividades planificadas en Ecuador".
Richardson, quien en esa visita estuvo acompañada por el asesor del presidente Joe Biden para el Hemisferio Occidental, Christopher Dodd, también visitó a la famosa Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar. Este mes, El Destape dio cuenta de una investigación periodística con base en una filtración que complicó a dicha fiscal por su cercanía con la Casa Blanca. Drop Site News y The Intercept Brasil revelaron conversaciones de Salazar que mostrarían que Estados Unidos estaba interesado en evitar que el correísmo ganara las elecciones de 2023 e invirtió recursos para una causa que buscaba atribuir el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en plena campaña presidencial, al partido de Correa. En los chats, la fiscal también señaló a Villavicencio como informante del gobierno estadounidense y muestran que ella, destacada por Estados Unidos como una de las personalidades del año, habría ayudado a instalar la idea contra el correísmo, para correrlo de la carrera presidencial.
Además de donaciones y "una cartera de inversión muy sólida" en materia de cooperación de fuerzas militares, Richardson mencionó que, además de la ESAR, entre Quito y Washington se han firmado otros acuerdos, como el relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que establece el marco bajo el cual el personal militar estadounidense opera en otro país. Se trata del denominado "acuerdo de navegantes" que, según Richardson, permite a las fuerzas del orden de Ecuador estar en buques estadounidenses. Además, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que tiene su sede en Key West (Florida), para la detección y el seguimiento del tráfico ilícito de drogas, estuvo haciendo misiones en Galápagos.
Pero la mirada no está puesta solo en Ecuador, sino que la comandanta dejó en claro que está buscando más socios en América Latina: "Queremos ayudar a Ecuador a través de esto, y no es solo Ecuador, sino también todos los demás países de la región que están siendo desafiados por estas amenazas criminales, el cambio climático, la sequía, la inseguridad alimentaria, respuesta a desastres, migración irregular", dijo Richardson. En su momento, no solo el correismo, sino también la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió a Noboa transparentar los acuerdos que se suscriban Estados Unidos, a fin de conocer “el alcance de la injerencia estadounidense en las decisiones del Estado ecuatoriano".
Horas después de la salida de Richardson de Ecuador, se produjo otro mojón en esta historia de buena sintonía entre ambos países, a partir de una decisión de la Corte Constitucional. En concreto, el tribunal dijo que dos acuerdos militares suscritos con Estados Unidos bajo la administración de Guillermo Lasso -pero que se harían efectivos bajo el mandato de Noboa- no requerían su paso por la Asamblea Nacional. En febrero, Noboa, quien gobierna bajo el supuesto de conflicto interno armado y por eso dispuso los parciales estados de excepción, ratificó los dos acuerdos con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad.
Los acuerdos, entre otras cosas, conceden privilegios, exenciones e inmunidades al personal estadounidense y autorizan a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal, mientras se encuentre en territorio ecuatoriano. Estos disponen la exención de tributos e inspecciones al personal estadounidense en la importación, exportación y uso de cualquier bien personal, equipo, suministros, tecnología o servicios, además de permitirles la libre circulación a las aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa en el territorio ecuatoriano. También autorizan a Washington a que utilice el espectro radioeléctrico y la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias en el país sudamericano.
Si bien ya durante el gobierno de Lenín Moreno el país había autorizado el sobrevuelos de aeronaves estadounidenses desde el archipiélago de Galápagos (a 1.000 km frente a la costa nacional) para la lucha contra el narcotráfico, estos acuerdos sancionados por Noboa profundizan el camino. A partir de ellos, la Armada ecuatoriana autoriza al país del norte al abordaje e inspecciones de buques sospechosos, y Ecuador le permitió operar a las aeronaves estadounidenses en el espacio nacional aéreo. También autorizó a Estados Unidos a transmitir órdenes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana ante actividades sospechosas. La frutilla del postre de cesión de soberanía de esos acuerdos está en que se excluye cualquier reclamo ―excepto los de índole contractual― entre ambos Estados por daño, pérdida o destrucción de bienes de una de las partes, o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o personal civil de cualquiera de los dos países que se pueda generar en el cumplimiento de sus deberes, según citó de los textos la cadena CNN.
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