Toda la clase política francesa se moviliza contra la posible ratificación de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. Durante mucho tiempo, Francia estuvo aislada en esta postura, pero ahora realiza un importante trabajo diplomático para formar una minoría de bloqueo. En el G20, Macron insistió en la necesidad de incluir en el acuerdo compromisos con el Acuerdo de París sobre el clima, prohibiciones relacionadas con la deforestación y cláusulas espejo. Esta semana, tanto la Asamblea Nacional como el Senado francés, casi por unanimidad, votaron en contra del proyecto. En el hemiciclo, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que "en las condiciones actuales", el acuerdo entre la UE y el Mercosur no garantiza "condiciones de competencia equitativas para nuestros agricultores". Sin embargo, este consenso esconde motivaciones distintas: la derecha y el centro rechazan firmar el acuerdo "tal como está", mientras que la izquierda aboga por su retiro definitivo.
Este voto es, no obstante, simbólico. La Comisión Europea puede proceder sin el apoyo de Francia para aprobar el acuerdo. Tiene un mandato que le permite negociar en nombre de los 27 países miembros y podría someter el texto a votación por mayoría. Hasta ahora, Ursula von der Leyen no ha cedido, repitiendo el pasado 17 de noviembre que las negociaciones con el Mercosur están "en la recta final", aunque reconoció que "el diablo está en los detalles". Mientras tanto, el Ejecutivo francés sigue buscando aliados. Si París logra el respaldo de al menos cuatro países que representen el 35% de la población de la UE, el acuerdo será rechazado. Aunque Francia parecía aislada, las negociaciones empiezan a dar frutos: Polonia ahora se suma a su posición. Este martes, el líder del Ejecutivo polaco, Donald Tusk, expresó su rechazo al acuerdo en su forma actual.
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Todas las miradas se dirigen ahora a Italia, que podría desempeñar un papel crucial. En Bruselas, el viceprimer ministro italiano señaló: "Estamos a favor del acuerdo en principio, pero aún quedan puntos pendientes sin consenso". En el seno del gobierno italiano, las posiciones son diversas. Francesco Lollobrigida, ministro de Agricultura, expresó su total desacuerdo con el texto tal como está. "Es necesario verificar previamente que los países del Mercosur cumplan las mismas obligaciones que imponemos a nuestros agricultores en términos de derechos laborales y medioambientales", agregó. Michel Barnier, primer ministro francés, visitará a Giorgia Meloni en dos semanas para buscar su apoyo.
Bélgica, Austria y los Países Bajos también podrían inclinar la balanza. Aunque su oposición no está garantizada, en las últimas semanas han surgido varias voces críticas con el proyecto. "Sin cláusulas espejo vinculantes, no podemos aceptar el acuerdo con el Mercosur", declaró el ministro federal de Agricultura belga hace dos semanas. Por su parte, el ministro austríaco de Trabajo y Economía, Martin Kocher, señaló: "Estamos esperando que se presente un texto. Cuando eso ocurra, podremos discutirlo". En los Países Bajos, el acuerdo sigue dividiendo opiniones. La ministra de Comercio Exterior, Liesje Schreinemacher, expresó su preocupación por el impacto en las normas medioambientales y las prácticas agrícolas locales.
Del otro lado, Alemania y España apoyan firmemente la firma del acuerdo. El canciller alemán Olaf Scholz instó a la UE a concluir rápidamente unas negociaciones que "se han prolongado demasiado". Durante la cumbre del G20 en Río, declaró: "Tras más de 20 años, debemos cerrar este acuerdo", subrayando la importancia de esta cooperación para reactivar la economía exportadora alemana. En tanto, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, calificó el acuerdo entre el Mercosur y la UE como "excelente".
El debate continúa en un contexto de preocupación por una movilización del sector agrícola. En toda Europa, los sindicatos denuncian las repercusiones de la apertura de mercados en las industrias bovinas. En Francia, miles de agricultores han realizado bloqueos durante las últimas dos semanas. En España, también se ha formado un amplio frente de oposición en Cataluña. Numerosas asociaciones de izquierda critican el tratado de libre comercio, al que consideran responsable de "impactos severos en el clima, los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, la deforestación, la biodiversidad, el empleo y la justicia social", según una carta firmada por unas cuarenta organizaciones.
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