La máxima autoridad judicial de Brasil comenzó un derrotero que puede marcar un hito histórico para los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y personas gestantes de ese país vecino: el viernes inició el proceso para evaluar si despenaliza el aborto hasta la semana 12. El pedido había sido realizado hace seis años por el Partido Socialismo y Libertad (Psol) y el Instituto de Bioética Anis, en el que se solicitó la revisión de los artículos 124 y 126 del Código Penal (de 1940) que criminalizan la práctica con penas tanto para las y los profesionales como para las gestantes, por lo que -consideran- “violan los derechos fundamentales garantizados en la Constitución”. La presidenta del tribunal, Rosa Weber, ya emitió su voto a favor.
“Es una oportunidad para avanzar en la consolidación de la democracia brasileña”, sostuvo ante El Destape Carla Angelini, de Católicas por el Derecho a Decidir–Brasil que, además, remarcó que “defender los derechos de las mujeres es defender la democracia”.
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En la actualidad, en el gigante sudamericano el aborto está permitido por causales, en caso de: feto anencefálico, riesgo de vida de las mujeres y estupro. Sin embargo, según la acción presentada por el Psol y Anis –en lo que se llama Demanda de Incumplimiento de Precepto Fundamental 442 (ADPF, según las siglas en portugués)- la criminalización del aborto establecida en los artículos 124 y 126 del Código Penal consagran lo que consideran “un caso coercitivo del Estado” que torna al embarazo “un deber”, algo que no debería suceder en un Estado laico. En función de esa normativa, quien interrumpe un embarazo puede recibir una pena de prisión de hasta tres años y quien colabore (médico, amigue o familiar) hasta cuatro.
Por ello, es que solicitan la inconstitucionalidad de los artículos y el aval a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación. De esa manera, se busca “garantizar a las mujeres el derecho constitucional de interrumpir la gestación, de acuerdo con su autonomía, sin necesidad de cualquier forma de permiso del Estado, como también garantizar a los profesionales de la salud el derecho de realizar el procedimiento”. Hacen eje, en tanto, en el derecho a la dignidad, a la ciudadanía, la no discriminación, la salud y la planificación familiar, entre otros puntos.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aborto debería ser completamente sin límite de edad gestacional. Y debe ser dada la posibilidad de aborto medicamentoso, con misoprostol y mifepristona. Más allá de esto, la decisión del STF vino de la mano con la reacción de actores de la derecha y extrema derecha -sobre todo en el Congreso-, que buscan restringir el proceso.
La decisión del STF
El pedido de tratamiento de la acción presentada por el Psol y Anis fue realizado por la presidenta del Supremo Tribunal, Rosa Weber. A su vez, es la relatora de la acción, que se lleva adelante desde este 22 de septiembre cuando Weber emitió su voto en 103 páginas. Allí, la magistrada hizo un planteo en dos partes basado en lo que consideró un conflicto entre derechos fundamentales y valores constitucionales en la normativa brasileña, explicó las razones para admitir la demanda y, luego, analizó la acción.
Para ella, constituye una responsabilidad democrática pronunciarse. En ese sentido, señaló que en 1940 -fecha de la que data el Código Penal y los artículos bajo cuestionamiento- "las mujeres no eran sujetos de derecho" y su lugar era de una "ciudadanía de segunda clase", cuya vida estaba regida por los mandatos de la maternidad y quehaceres domésticos. Ocho décadas después "es necesario situar ese cuadro discriminatorio en la arena democrática para una deliberación entre iguales, con consideración y respeto", escribió y llamó a determinar como inconstitucionales los artículos 124 y 126 en casos de aborto y despenalizarlo hasta la semana 12.
"La dignidad de la persona humana, la autodeterminación personal, la libertad, la intimidad, los derechos reproductivos y la igualdad como reconocimiento se imponen como parámetros normativos para controlar la validez constitucional de la respuesta estatal penal", escribió Weber.
Respecto al resto de les 10 magistrades, no hay un plazo determinado para que se conozca su posición. Según explicó Angelini a este medio, una vez iniciado el juicio, “cualquier ministre del Tribunal Supremo puede solicitar tiempo extra para analizar la pieza, en lo que se llama ‘visto’, paralizando el proceso de votación hasta por 90 días hábiles antes de volver al orden del día”, precisó y contó que el proceso de sentencia por anencefalia –para los casos de aborto- duró nueve años y el de matrimonio entre personas del mismo sexo, seis. En este caso, Weber había solicitado sido llevar a cabo el proceso de manera virtual, pero una vez que se conoció su voto afirmativo este viernes a la madrugada, el próximo presidente del tribunal -que asumirá el próximo 29 de octubre cuando la actual se jubile- solicitó pasarlo a presencial. Por eso, ahora se espera conocer cómo serán los siguientes pasos.
Ahora bien, según las cuentas que tienen, los votos están divididos: 3 a favor, 3 en contra y 5 indecisos. Para el caso, el diario Estado de Minas, hizo un repaso por los perfiles del resto de los magistrados: Cármen Lúcia, Luis Roberto Barroso -próximo presidente del tribunal- y Edison Fachin, ya se pronunciaron contra la criminalización del aborto en 2016, por lo que se esperan sus votos afirmativos. En tanto, los nombrados por el bolsonarismo Kássio Nunes e André Mendonça estarían en contra. Las posiciones que se desconocen son las de Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.
Aún así, la apertura del procedimiento abrió la esperanza para las organizaciones brasileñas feministas que luchan por los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y personas gestantes: “Creemos que es una gran oportunidad para que el Supremo Tribunal avance en el reconocimiento de este derecho humano y, principalmente, es una oportunidad para avanzar en la consolidación de la democracia brasileña profundamente atacada durante el gobierno de (Jair) Bolsonaro”, dijo Angelini. El impacto de la decisión hasta ahora fue tal que el hashtag #NemPresasNemMortas (Ni presas ni muertas) se viralizó y se mantuvo primero durante casi todo el viernes en las tendencias de Brasil.
Los números del aborto en Brasil
El Mini-dossier. Datos sobre aborto realizado por una veintena de organizaciones brasileñas al que tuvo acceso El Destape descubre datos que desarman preconceptos. Según la Encuesta Nacional de Aborto 2021, cinco millones de mujeres entre los 18 y los 39 años ya se hicieron un aborto en Brasil. Una de cada siete hasta los 40 años, ya se hizo un aborto.
Según se puede ver en el documento, “persisten las desigualdades raciales y económicas de las mujeres en relación con el acceso a los servicios de aborto; son las mujeres negras y pardas, también, las más expuestas a los riesgos que devienen de prácticas inseguras”, indicó Angelini. Como ejemplo, entre las hospitalizaciones registradas en el sistema de salud –que no posee información sobre abortos inseguros- entre 2012 y 2019: 11.837 de mujeres tuvieron acceso abortos por razones médicas y legales; y 1,78 millones de mujeres fueron internadas para llevar adelante una aspiración manual endouterina (AMEU) o un legrado –prácticas no recomendada por la OMS-. Por último, 92.019 de mujeres fueron internadas después de abortos no especificados o complicaciones en los intentos de aborto.
Además, según la investigación Aborto es ciudado, realizado por la Revista Azmina y el Portal Catarinas, en los casos de intento de abortos incompletos -en los que la internación se lleva a cabo para finalizar el procedimiento- se registró una muerte cada 28 internaciones.
La estimación es que se realizan 500 mil abortos por año. Entre las dos mil mujeres entrevistadas entre 18 y 39 años, el 17 por ciento de las indígenas respondió haber abortado, 11 por ciento de las negras, 11 de las pardas, 9 de las blancas y 8 de las asiáticas, también lo hicieron.
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Mientras que, si hablamos de religión: el 81 por ciento de las mujeres que se hicieron un aborto son religiosas. 41 por ciento católicas, 32 evangélicas y protestantes y el 8 por ciento profesa otras religiones. “Este dato es importante considerando la tentativa de construir una narrativa hegemónica dentro del campo religioso impulsada por sectores neoconservadores y legitimada durante cuatro años desde el gobierno de Bolsonaro de que las mujeres cristianas no abortan”, precisó Angelini.
En el Consejo Nacional de Justicia, en tanto, se recabó que hubo 464 procesos judiciales por abortos practicados contra mujeres en 2022. Ante estos números, la activista por los derechos sexuales y reproductivos informó que es “abundante” la evidencia científica que demuestra que las mujeres racializadas, las niñas, las indígenas, las nordestinas y las mujeres pobres “son las más afectadas por la criminalización del aborto en Brasil”.
El hecho de que el aborto sea legal por causales, al momento, no es suficiente: “Todavía persisten las dificultades para tener acceso a los servicios de aborto legal -principalmente para niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales- y el abuso por parte de les profesionales de la salud en la utilización de la objeción de conciencia como instrumentalización ideológica”, sentenció Angeleni. En caso de que la decisión del STF sea positiva, Brasil se convertirá en el octavo país de la región en garantizar el pleno acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos junto con Argentina, México, Colombia, Uruguay, Cuba, Guyana y Guyana Francesa.
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