La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, expresó la postura firme de la provincia de Formosa ante la caza furtiva de un yaguareté en Estanislao del Campo, solicitando “sanciones ejemplares para todos los involucrados en el delito”.
En este sentido, Zabala subrayó que desde una causa anterior similar, el gobernador Gildo Insfrán ya había dado instrucciones claras para que la provincia se constituyera como querellante, llevando el caso a la justicia federal. “En el caso actual, aún no se ha declarado la competencia de la justicia provincial, pero estamos preparados para actuar de manera similar”, explicó la fiscal.
Bajo esta línea, destacó la importancia que Formosa otorga a la protección de su fauna. Junto con Parques Nacionales, la provincia mantuvo audiencias con el juez federal Pablo Morán, quien elogió el apoyo recibido. En una causa anterior, la provincia había estimado un daño ambiental de 350 millones de pesos por la muerte de un yaguareté, una cifra que, según Zabala, aún no fue actualizada.
Desde el primer momento, Formosa se opuso a la excarcelación bajo caución juratoria del depredador responsable de la muerte del ejemplar anterior. La fiscal explicó que se recurrió y se estableció una caución real, con pruebas que respaldan su postura. “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, destacando que “Formosa tiene Ley Provincial de Protección al Medio Ambiente y una adhesión a la Ley Nacional de Protección al Yaguareté, emitiendo su propia ley que declara al yaguareté Monumento Natural Provincial en Formosa”.
“No es un hecho menor, por eso queremos que para estos cazadores caiga todo el peso de la ley, por el daño que causan a nuestra fauna y a un animal que ha generado por parte de la provincia tanta protección”, expresó.
La fiscal insistió en la necesidad de que las eximiciones de prisión no se concedan con una simple caución juratoria, sino con una caución real, que requiera el depósito de dinero. Este valor, en su momento, fue fijado en 3.500.000 pesos por el juez federal. “Las armas utilizadas en estos actos cuestan una fortuna, por lo que no hay excusas para evadir responsabilidades”, aseveró Zabala.
La denuncia por la muerte del yaguareté, que estaba siendo monitoreado por cámaras trampa y protegido por la legislación vigente, está actualmente radicada en Las Lomitas. Zabala mencionó que aún se espera la declaración de competencia por parte de la jueza Gabriela Plazas, pero confía en que esto sucederá pronto. “Queremos que este tipo de hechos se castiguen con todo el rigor de la ley”, subrayó.
Zabala concluyó recalcando la rápida intervención y acción del Gobierno provincial. No solo se actúa como querellante en casos similares, sino que también se dictan leyes pertinentes para proteger la fauna. La fiscal destacó el papel de la Policía y del Ministerio de la Producción y Ambiente, quienes respondieron de inmediato al incidente.
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