En la última sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande (el órgano que nuclea a legisladores y autoridades provinciales de La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), se creó un organismo para ocuparse, en forma conjunta, de la prevención, persecución, asistencia y protección contra la trata y explotación de personas.
Durante la sesión, que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán bajo el lema Federalismo en Acción por una Argentina Unida, se debatieron y sancionaron numerosos proyectos vinculados a salud, turismo, educación, ciencia y tecnología, obras, infraestructura, transporte y derechos humanos. Entre sus resoluciones, se destacó la creación del Consejo Regional del Norte Grande de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Fue presentado por las diputadas catamarqueñas Claudia Paladino, Adriana Díaz y Mónica Salazar, y aprobado por unanimidad.
Según se dispuso, el Consejo estará integrado por un representante titular y un suplente de cada provincia, vinculado o capacitado en las temáticas de trata y violencia de género. Dentro de sus principales funciones, destaca la coordinación en la región de acciones destinadas a la prevención, detección y rescate de las víctimas del delito de trata. Además, llevará a cabo tareas de difusión y campañas de visualización, concientización y sensibilización, especialmente en fechas claves como el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas; el 23 de setiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; y el 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
El Consejo también estará a cargo de acciones destinadas a garantizar la asistencia, protección integral y reparación de los derechos de quienes han sido víctimas de trata. Además, se compromete a elaborar y publicar un informe anual, y a promover una cobertura periodística responsable en el abordaje de la temática.
En los fundamentos del proyecto, la creación del Consejo se justifica en el desmembramiento de la estructura federal que realizó el Gobierno nacional junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al despedir masivamente a todos los delegados y delegadas provinciales del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Nación. "Esta política de desfinanciación y desmantelamiento del Comité no tiene en cuenta las políticas públicas de derechos humanos ratificadas en nuestra Constitución nacional", puede leerse en su fundamentación.
También se alerta sobre los despidos de personal en las provincias, en áreas claves como SENAF, Programa de Rescate, agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, centros de desarrollo regional, así como la paralización y suspensión de los programas de restitución de derechos para el acompañamiento y protección a las víctimas.
El texto también señala: "En nuestra región, los delegados y delegadas, junto a las mesas interinstitucionales, han trabajado intensamente durante estos años, salvaguardando los derechos de las personas, rescatando víctimas, evitando el trabajo esclavo. En las zonas de frontera han articulado acciones y conformado mesas binacionales, como es el caso de la mesa de la provincia de Jujuy con Bolivia". Por esta razón, el documento concluye: "Nuestra región, con la participación de las 10 provincias miembro, debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades; y con la promoción de la sostenibilidad, a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales".
Cerrar sesión