La mayoría de denuncias por violencia de género las realizan madres que ya no conviven con los violentos, quienes cuando tienen orden de restricción judicial, sólo la cumplen en un 3%, según concluye una investigación realizada durante dos años por el Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESC) de Rosario, que determinó 24 indicadores de riesgo ante este delito, con el objetivo de "analizar el comportamiento de la problemática y evaluar el seguimiento de la política pública en materia de atención", señalaron las autoras.
La investigación se realizó con la colaboración y el apoyo de la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Red de Esperanza y Solidaridad-Redes de Puerto Rico.
"Con el fin de seguir deconstruyendo la cultura patriarcal que tanto daño nos hace como sociedad, es que un grupo interdisciplinario de profesionales del CESC iniciamos la tarea de recabar información de casos reales, extrayendo además de sus voces toda información que da cuenta cuantitativa y cualitativamente de los indicadores de riesgo utilizados a la hora de la denuncia o la llamada para asesoramiento en el Teléfono Verde", explicó la fundadora del CESC, Beatriz Fullone.
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"Nos llevó más de 2 años poder confeccionar una cartilla que contiene el trabajo realizado en la Ciudad de Buenos Aires en la Oficina de Violencia Domésticas perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Nación (OVD) y entrevistas realizadas por la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario", añadió.
Por su parte, Mariana Alonso, directora de Atención y Prevención de las Violencias de Género de Rosario, dijo que "los indicadores que se muestran en el trabajo son más de 24, cuyas variables están todas presentes en las entrevistas que se realizan cuando ingresa la situación de una víctima".
"Este es el procedimiento que se utiliza para contextualizar la situación y evaluar sus riesgos y consecuencias para construir en un ida y vuelta estrategias de protección junto con la víctima que decide a emprender una ruta crítica para abordar su situación", remarcó.
"Las variables nos permiten construir indicadores sumamente necesarios a la hora de analizar el comportamiento de la problemática de las violencias de género y sobre esta base reflexionar y evaluar el seguimiento de la política pública en materia de atención", amplió Alonso.
Entre los resultados que arrojó la investigación se destacan que la franja de víctimas entre los 18 y 30 años (41%) es la que más denuncias realiza en la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en Rosario la franja que concentra la mayor cantidad de consultantes es la comprendida entre 31 y 40 años (48%), seguida de la franja de 18 a 30 años (33%).
De los datos recabados se infiere que la mayoría de las mujeres que denuncian por violencia de género son madres. En la OVD, el mayor porcentaje corresponde a madres con 1 hijo/a (30%), y en el Teléfono Verde de Rosario a madres con 2 hijos (33%).
De las entrevistas en profundidad se desprendió que "el denunciar o pedir ayuda siendo madre tiene correlación con que existe la posibilidad de que niñas y niños sean víctimas directas e indirectas de las violencias", apuntaron.
El tipo de violencia padecida es un dato a tener en cuenta para el perfil de víctima. La OVD reporta que la mayor cantidad de denuncias son por violencia psicológica (94%) seguida de la física (48%); el municipio de Rosario reporta que es también la incidencia de la violencia psicológica (91%) seguida de la física (84%).
En este sentido, explicaron que desde un análisis retrospectivo, "este dato es importante porque anteriormente las mujeres no reconocían los maltratos psicológicos y emocionales como tipos de violencias, aún sabiendo que están presentes y son constitutivos de las relaciones interpersonales que se plantean en esta problemática".
Otro elemento que se analizó es cómo se encontraba la víctima al momento de la exposición de la situación. La actitud de la afectada demuestra las secuelas y padecimientos subjetivos que la violencia de género instala en las mujeres: miedo, temor, angustia, ansiedad. Los porcentajes de las actitudes enumeradas superan el 30%, y el sentimiento de temor ronda el 44% hasta valores del 54%.
La investigación arrojó un dato llamativo para las propios investigadoras en relación a que cuando se le preguntó a la víctima por el agresor, una proporción importante había cortado el vínculo con sus parejas, ello surge en los registros de los dos organismos.
Al momento de hacer la denuncia el 49% de los agresores en la OVD es expareja y en el organismo de la Municipalidad de Rosario al momento de solicitar asesoramiento más del 40% no convive con el agresor.
"Se puede observar que la violencia de género no se está produciendo puertas adentro, la relación violenta persiste fuera del ámbito doméstico", indicaron las expertas.
En esa línea, resaltaron que "la ley no estaría siendo un límite a respetar por el agresor o la propia decisión de las mujeres de cortar con un vínculo violento".
Este análisis se sustenta en que, según los registros de la OVD, el 24% sólo cumple la medida judicial de prohibición de acercamiento, en el caso de Rosario según los enunciados de las víctimas sólo el 3% la estaría cumpliendo.
Entre las conclusiones a las que arribó el estudio, las autoras valoraron: "Esta información es un insumo valioso para profundizar políticas públicas a la par de sumar e insistir en la difusión de los servicios, en la capacitación y acompañamiento a las distintas organizaciones que trabajan en los territorios para detectar o ayudar a personas a los fines que puedan los más pronto posible pedir ayuda. Ello posibilitaría seguir bajando la edad de la víctima al momento de realizar una presentación o denuncia".
"A su vez, se evidencia que la violencia de género es un padecimiento que conlleva secuelas subjetivas y se debe acompañar de forma individual o colectiva para superar y reconstruir la trama personal y colectiva de las secuelas que trae aparejado este flagelo", explicaron.
"Se impone trabajar fuertemente en el horizonte de la autonomía de las víctimas como una herramienta fundamental para prevenir revinculaciones violentas", continuaron.
"Por otra parte, el acceso a la Justicia es importante pero no suficiente para cesar el hostigamiento a las víctimas".
Por último, afirmaron que "los límites de las medidas judiciales operan en el contexto de una sociedad y una cultura patriarcal dominante. Se hacen entonces cada vez más necesarias las acciones vinculadas a repensar las nuevas masculinidades y la aplicación de la educación sexual integral como configuraciones preventivas y reconstructivas de un tejido social más democrático".
Con información de Télam
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