Más de dos semanas después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro proclamó su victoria en la elección del 28 de julio, Estados Unidos y otros países occidentales muestran pocas señales de que planeen imponer rápidamente medidas duras para lo que muchos de ellos han condenado como un fraude electoral.
La mayoría de los Gobiernos siguen exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que publique el conjunto completo de actas de escrutinio de votos, después de que Maduro y el candidato opositor Edmundo González declararon su victoria.
Por su parte, Brasil y otros países intentan asegurar conversaciones entre rivales políticos que no se han conciliado en décadas.
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Mientras tanto, la represión contra manifestantes, activistas y representantes de la prensa se ha intensificado, con 23 muertos y más de 2.000 detenidos en los días posteriores a la votación, de acuerdo a datos de Naciones Unidas. El Gobierno denuncia las marchas como un intento de golpe de Estado.
Los gobiernos están intentando ir despacio ya que nadie quiere ser el primero en nada, dijo un funcionario de una embajada occidental, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a referirse públicamente al asunto.
Estados Unidos y otros países están evitando esta vez reacciones rápidas, dijeron tres fuentes de distintos países, dada su mala experiencia tras la reelección de Maduro en 2018, que la comunidad internacional calificó de farsa y condujo a las sanciones más severas hasta el momento contra Venezuela.
En Washington, que bajo el Gobierno del presidente Donald Trump bloqueó las exportaciones petroleras de Venezuela, parece haber poco interés en aplicar sanciones más severas. Hasta ahora, el Gobierno se ha abstenido de imponer medidas punitivas y no está claro cuándo podría hacerlo.
Las autoridades no quieren que se les vea complicándole las cosas a la oposición mientras intentan conseguir que Maduro "haga aunque sea pequeñas concesiones", dijo una persona familiarizada con el razonamiento de Washington.
Algunas de esas concesiones están relacionadas con la apertura de canales de comunicación con la oposición, encabezada por María Corina Machado y González, hacia un veredicto imparcial sobre los resultados electorales y una posible transición política.
Según las fuentes, los funcionarios estadounidenses están contactando discretamente a sus socios regionales e internacionales para lograr una respuesta coordinada. Con cautela, Washington ha reconocido a González como el ganador, pero no lo ha llamado presidente electo.
"Ahora es el momento de que las partes venezolanas inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica", dijo el lunes el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.
Washington está considerando una serie de opciones "para presionar a Maduro para que devuelva a Venezuela a una senda democrática", añadió.
Sin embargo, las opciones restantes del Gobierno de Biden parecen ser limitadas. En abril, Estados Unidos volvió a imponer algunas sanciones petroleras a Venezuela, acusando a Maduro de incumplir los compromisos electorales, y ha aplicado numerosas sanciones individuales en los últimos cinco años, incluida una al presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Los funcionarios estadounidenses han expresado en privado su preocupación por que la agitación posterior a las elecciones pueda impulsar a más venezolanos a abandonar el país y dirigirse a la frontera entre Estados Unidos y México.
Como la inmigración ya es un tema candente, eso podría crear nuevos problemas para la vicepresidenta Kamala Harris, en su campaña para suceder a Biden.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
"No discutiremos el contenido de nuestras discusiones diplomáticas privadas", dijo por su parte a Reuters un portavoz del Departamento de Estado.
Con información de Reuters
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