Aviones y fondos presidenciales rusos se utilizaron en un programa que se llevó a niños de los territorios ucranianos ocupados, los despojó de su identidad ucraniana y los colocó con familias rusas, según un informe del Instituto de Salud Pública de Yale.
La investigación, respaldada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y publicada el martes, identificó a 314 niños ucranianos llevados a Rusia en los primeros meses de la guerra en Ucrania como parte de lo que dice que fue un programa sistemático, financiado por el Kremlin, para "rusificarlos".
Reuters no pudo confirmar las conclusiones del informe de forma independiente.
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En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de deportación de niños ucranianos.
En aquel momento, Lvova-Belova afirmó que su comisión había actuado por motivos humanitarios para proteger a los niños en una zona en la que se estaban produciendo acciones militares. La oficina de Lvova-Belova no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Kremlin dijo que no podía responder a las preguntas enviadas el lunes, alegando falta de tiempo.
El nuevo informe, compartido con Reuters, ofrece detalles sobre el supuesto programa de deportación y las personas implicadas, incluyendo lo que su investigador principal dijo que eran nuevos vínculos con Putin.
El investigador, Nathaniel Raymond, director general del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, dijo que tenía previsto presentar las conclusiones al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles. Estados Unidos ocupa este mes la presidencia rotatoria de este órgano de 15 miembros.
Raymond afirmó que la investigación ofrece pruebas que respaldarían cargos adicionales de la CPI contra Putin por "traslado forzoso" de personas de un grupo nacional y étnico a otro.
Dijo además que el informe demostraba que "la deportación de niños ucranianos forma parte de un programa sistemático dirigido por el Kremlin" para convertirlos en ciudadanos de Rusia.
Los traslados forzosos son crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Dado que deben ser generalizados y sistemáticos, los crímenes de lesa humanidad suelen considerarse más graves que los crímenes de guerra de los que se acusa actualmente a Putin por la supuesta deportación de niños ucranianos.
En respuesta a las preguntas de Reuters, la oficina del fiscal de la CPI dijo que el informe de Yale era útil "en nuestras actividades continuadas en este caso". Dijo también que no podía proporcionar más información sobre cargos o acciones que pudieran derivarse de sus actividades de investigación en Ucrania.
La oficina del presidente ucraniano no respondió a las peticiones de comentarios. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo que no tenía comentarios inmediatos.
En respuesta a las acusaciones de la CPI del año pasado, Lvova-Belova afirmó que Rusia no había trasladado a nadie en contra de su voluntad o la de sus padres o tutores legales, cuyo consentimiento siempre se solicitaba a menos que estuvieran desaparecidos.
Afirmó que a los niños se les asignaba un tutor legal temporal y no se daban en adopción.
Rusia, que no reconoce a la CPI, ha dicho que las órdenes de detención del tribunal carecen de sentido. No obstante, las decisiones del Tribunal podrían limitar los viajes de las personas acusadas, ya que sus 124 Estados miembros tienen la obligación de ejecutar las órdenes.
Con información de Reuters
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