El anuncio sobre la llegada del transporte Uber a la provincia de San Luis generó malestar entre los taxistas, que ven amenazada su fuente de trabajo, y movilizó a funcionarios comunales y a los concejales de la ciudad capital a tratar el tema y aclarar la situación operativa de la empresa.
El secretario de Gobierno Municipal, Andrés Russo, aclaró que Uber “no ha solicitado autorización para funcionar en la ciudad y tampoco cumple con los requisitos exigidos por la ordenanza que regula taxis y servicios contratados para el transporte de pasajeros” y dijo que cualquier persona que realice este tipo de actividad está “fuera de la normativa”.
Por su parte, el secretario de Transporte y Seguridad Ciudadana Municipal, Facundo García, aclaró que “tanto el servicio contratado como el servicio de taxis tiene sus respectivas ordenanzas donde tiene detallado su funcionamiento” y la documentación que tiene que completar y que el municipio no recibió ningún pedido formal de autorización.
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En tanto, en el Concejo Deliberante capitalino se presentó ayer un informe de la Comisión de Transporte, donde se señaló que de acuerdo a la legislación vigente los únicos autorizados a transportar pasajeros en la ciudad de San Luis son los taxis y Transpuntano, los demás son "ilegales".
En el órgano deliberativo comunal se señaló que la legislación vigente no lo permite y además tomó estado legislativo una propuesta para elevar a más de un millón de pesos la multa para aquellos que transportan ilegalmente pasajeros.
La multa se rige por Unidades Monetarias Municipales (UMM) y la pretensión de la Asociación de Taxis es que se lleve de las 160 actuales a 64.000 UMM.
El valor de la UMM es de casi 16 pesos y la multa saltaría de poco más de 2.500 pesos a más de un millón.
Con información de Télam
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