Poco después de que María Rosa Sánchez denunciara a su vecino por alquilar la azotea del edificio en Tenerife como camping en Airbnb, agentes de policía llevaron a cabo una redada de madrugada y las autoridades locales abrieron una investigación.
El cierre del camping, que ofrecía tiendas de campaña por 12 euros (13,03 dólares) la noche, es un anticipo de una nueva línea dura contra los alquileres ilegales en las islas Canarias, donde se han disparado los anuncios en plataformas como Airbnb y Booking.com.
Se espera que este año se apruebe un proyecto de ley que endurece las normas sobre los alquileres de corta duración, tras las quejas de los habitantes de las islas, que se ven excluidos del mercado inmobiliario, y de los hoteles, que se enfrentan a impuestos y normas de sostenibilidad incumplidas por las empresas que invierten en alquileres de corta duración.
MÁS INFO
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Las autoridades de todo el mundo se enfrentan a problemas similares: Canadá, Australia e Italia son algunos de los muchos países que han endurecido la normativa sobre alquileres de corta duración para proteger a las comunidades locales.
La responsable de Turismo de Canarias, Jessica de León, dijo a Reuters que la clave del éxito de la nueva normativa es el apoyo a los 35 inspectores de las islas.
"Vamos a empoderar (a la policía) para que pueda actuar cuando se detecten conductas fraudulentas en las viviendas", dijo, añadiendo que el plan podría implicar a 1.300 personas, lo que incluiría a todos los cuerpos policiales de las islas.
Las viviendas de nueva construcción quedarán excluidas del mercado de alquiler a corto plazo, y los propietarios con permiso tendrán cinco años para cumplir unos requisitos que incluyen la autorización de los vecinos, según un borrador del proyecto de ley.
MADRID PLANEA UNA NUEVA REGULACIÓN DE LA VIVIENDA VACACIONAL
Otras partes de España ya han aprobado leyes similares, pero sin tanto énfasis en la aplicación de la ley. Los 70 inspectores de Barcelona a veces van acompañados de policías, según el portavoz de la alcaldía, mientras que la Comunidad de Madrid cuenta con ocho inspectores de alquileres de corta duración y los 65 trabajadores de licencias urbanísticas generales de la ciudad no tienen respaldo policial, según sus portavoces.
De 17.000 pisos de alquiler a corto plazo en Madrid, solo 600 fueron inspeccionados entre enero y noviembre de 2023 y solo uno fue sancionado, según un informe del Gobierno al que tuvo acceso Reuters. Otros 835 anfitriones dejaron de alquilar antes de ser sancionados, dijo Madrid.
"Lo que hacen falta son inspecciones masivas", dijo el legislador madrileño Pablo Padilla, partidario de la fórmula canaria.
Un portavoz de la ciudad dijo que anunciaría este mes una nueva normativa sobre viviendas vacacionales, sin dar detalles, y descartó utilizar a la policía como inspectores.
Las islas Canarias decidieron endurecer sus normas después de que el número de alquileres breves se disparara en los últimos años.
El Cotillo, antiguo pueblo de pescadores de Fuerteventura, tiene tantas camas en viviendas vacacionales como residentes.
"Dentro de unos años, puede que prácticamente no haya gente viviendo allí", afirma el investigador Raúl Hernández, de la Universidad de La Laguna, coautor de un estudio que demuestra que más de una cuarta parte de los locales de alquiler corto pertenecen a empresas.
En marzo, las siete islas del archipiélago alcanzaron la cifra récord de 220.000 plazas en alquiler, un 40% más que en 2022 y más que la población conjunta de Lanzarote, La Gomera y El Hierro, según datos oficiales.
VACÍOS
La asociación local de propietarios de viviendas vacacionales, Ascav, dijo que el rigor de las normas propuestas eliminaría el 90% de los listados de corta duración y que son inconstitucionales.
Propuso crear un impuesto para todos los proveedores de alojamientos vacacionales con el fin de financiar soluciones para resolver el problema de la vivienda.
También afirmó que 200.000 viviendas estaban vacías en las islas, y culpó a los topes en los precios del arrendamiento que se han impuesto para proteger de la inflación a los inquilinos de larga duración.
El Ministerio de Vivienda, al que se le pidieron comentarios, no se refirió a la cifra, pero dijo que tenía un plan de transformación y rehabilitación y que estaba trabajando con los gobiernos regionales para actuar sobre los alquileres turísticos "para encontrar una solución a este problema".
Booking.com dijo que trabaja con las autoridades de Baleares y Sevilla para eliminar los listados no autorizados, lo que será obligatorio en Europa a finales de año.
"Airbnb ha trabajado con Gobiernos de todo el mundo para equilibrar los beneficios de compartir casa y las preocupaciones por la vivienda", dijo Airbnb. "Seguiremos trabajando con las islas Canarias para discutir un camino a seguir que funcione para todos".
Las autoridades de las islas procesaron a la propietaria extranjera en el edificio de María Rosa Sánchez en virtud de las normas vigentes porque no los había registrado como dormitorios y se enfrenta a una multa de 30.000 euros, dijo la oficina del alcalde local.
La propia propietaria declinó hacer comentarios. Sánchez dijo que el piso está ahora alquilado a un inquilino de larga duración.
"La policía viene de vez en cuando para comprobar que la azotea no se ha vuelto a alquilar", dijo.
(1 dólar = 0,9210 euros)
Con información de Reuters
Cerrar sesión