Un exagente del Poder Judicial de la Nación comenzó a ser juzgado en Tucumán, acusado de abuso sexual simple en perjuicio de dos empleadas de la Secretaría Electoral del juzgado Federal N°1 de esa provincia.
Se trata de Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho del Juzgado Federal N°1, quien está imputado por dos hechos cometidos en 2013 y 2015 contra las empleadas que tenía a su cargo.
Mistretta se jubiló en 2019 por invalidez, sin sanción de ningún tipo, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
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El juicio comenzó el lunes, y este viernes la fiscalía formulará su alegato.
El primero de los hechos por los que llegó a juicio Mistretta ocurrió el viernes 16 de octubre de 2015 y la pieza acusatoria indica que, al lunes siguiente al volver a su lugar de trabajo, la víctima no quiso ni pudo volver a compartir el mismo espacio laboral con Mistretta, por lo que fue acompañada a contarle lo sucedido a Estela Martínez Vázquez, prosecretaria electoral, y a pedirle un cambio de lugar de prestación de servicios.
Martínez Vázquez tomó la denuncia, la trasladó de lugar de trabajo y puso en conocimiento del juez federal con competencia electoral en Tucumán, quien dio instrucciones de iniciar el sumario administrativo correspondiente y comunicar los hechos acaecidos al juzgado federal de turno.
La víctima añadió que veía cómo Mistretta trataba a otras mujeres de la oficina de manera grosera y con comentarios de índole sexual que incomodaban.
La fiscalía señaló que la única interpretación posible, según los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, es que existe violencia sexual cuando no hay consentimiento libre y cualquier interpretación sobre la presencia o ausencia de consentimiento basada en estereotipos de género contrarios a las obligaciones.
El segundo hecho que arribó a juicio ocurrió entre julio y diciembre de 2013, cuando la otra víctima relató haber sufrido situaciones de abuso sexual y de abuso de autoridad manifiestos por Mistretta, sucedidos mientras ella se encontraba trabajando en esa dependencia judicial.
De acuerdo a su testimonio, la mujer siempre notó de parte del acusado "su forma desubicada y totalmente fuera de lugar" con la que los trataba, especialmente a las mujeres. Explicó que el acusado "hacía comentarios groseros en términos sexuales, a veces disfrazados de chistes de mal gusto".
Aseguró no haber dicho nada por miedo a perder el trabajo, ya que ella necesitaba su sueldo para mantener a sus tres hijos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que el imputado se valió de su condición de jefe y ejerció abuso de su autoridad respecto de las empleadas que se encontraban bajo su dependencia.
En el requerimiento de elevación a juicio formulado en 2020, el fiscal Pablo Camuña y la fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, destacaron que aquella conducta -tipificada en el artículo 119 del Código Penal- "afecta el bien jurídico 'libertad sexual' entendido como la libertad de todas las personas a disponer del cuerpo y realizar actividades sexuales de acuerdo a la propia voluntad".
Con información de Télam
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