Una jueza tucumana aplicó la denominada Ley Olimpia en un caso de violencia familiar que afectaba a una madre y a su hija, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del Juzgado de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros, a cargo de la jueza Mariana Rey Galindo, quien aplicó en una medida de protección de persona la ley sobre violencia digital contra las mujeres (Ley N° 27.736, conocida como Olimpia), en hechos que consideró se estaba produciendo “una clara violencia familiar facilitada por las nuevas tecnologías”.
La resolución fue dictada el pasado 25 de octubre, luego de que la magistrada analizara una serie de capturas de pantallas de redes sociales, por lo que determinó que un hombre había difundido imágenes de su hija, “que contenían información judicial que pertenece exclusivamente a las personas involucradas, transgrediendo el derecho a la confidencialidad y afectando la privacidad y seguridad de la menor y su madre, la denunciante", indicaron los voceros.
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En ese sentido, la jueza ordenó la eliminación inmediata en redes sociales de cualquier publicación realizada sobre la niña y su madre, “como así también que se abstuviera de difundir imágenes o datos personales que, de modo general o específico, implícita o expresamente, se refirieran a ellas por cualquier medio digital, electrónico, periodístico y del ciberespacio que impliquen comportamientos abusivos o la intrusión en la vida personal bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada día de incumplimiento”.
Por último, argumentó que “la violencia en línea forma parte de las manifestaciones de violencia en el mundo real, ya que en la era digital las formas de violencia persisten o se amplifican con el uso de nuevas tecnologías y están surgiendo nuevas modalidades de maltratos silenciosos, las cuales pueden salir del ciberespacio y trastocar la integridad de las personas que lo sufren”.
La Ley Olimpia protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital, y en particular aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros.
Con información de Télam
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