La administración del presidente Donald Trump ordenó a los fiscales que investiguen penalmente a los funcionarios locales que se resistan a la aplicación de la ley de inmigración, intensificando una ofensiva generalizada que lanzada por el líder republicano cuando asumió el cargo el lunes.
En un memorando al que tuvo acceso Reuters, el vicefiscal general interino de Trump, Emil Bove, dijo al personal del Departamento de Justicia que las autoridades estatales y locales deben cooperar con la represión de la inmigración y los fiscales federales "investigarán incidentes relacionados con cualquier mala conducta de este tipo para su posible enjuiciamiento".
El departamento también podría impugnar las leyes que compliquen la iniciativa, escribió Bove.
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La política fue emitida en un momento en que la nueva administración republicana busca intensificar la vigilancia de la inmigración ilegal en ciudades con importantes poblaciones de migrantes, lo que podría causar enfrentamientos con funcionarios locales en las llamadas ciudades santuario como Nueva York y Chicago que limitan la cooperación con tales esfuerzos.
El memorando subraya cómo el Departamento de Justicia puede tratar de respaldar su agenda de inmigración ampliando las amenazas de cargos penales más allá de los inmigrantes o quienes los emplean a funcionarios municipales y estatales. Es la última de una serie de acciones ejecutivas que Trump ha tomado para frenar la inmigración ilegal, su principal prioridad.
Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), muchos funcionarios demócratas se negaron a cooperar con sus planes y algunos juraron desafiarlo de nuevo.
"Sabemos que no tenemos que participar en actividades de aplicación de la ley de inmigración", dijo el fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, en CNN.
No obstante, la resistencia no es monolítica esta vez. El miércoles, en la Cámara de Representantes, 46 demócratas -una quinta parte de su número- se unieron a 217 republicanos para aprobar una ley que exigirá a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país que sean retenidos para su deportación si son acusados de robo.
El proyecto de ley lleva el nombre de Laken Riley, una mujer de Georgia que fue asesinada por un inmigrante ilegal que tenía antecedentes por hurto. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado con apoyo demócrata y ahora se dirige a la mesa de Trump para ser firmada como ley.
"El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo con la frontera y creo que nos costaría mucho no decir que tenemos que deportar a los criminales", dijo a Reuters el congresista Tom Suozzi, un demócrata moderado que respaldó el proyecto.
TROPAS A LA FRONTERA
Trump emitió una amplia prohibición de asilo y tomó medidas para restringir la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense. Un funcionario dijo el miércoles que el ejército enviará mil soldados adicionales en servicio activo a la frontera entre México y Estados Unidos por orden de Trump.
La administración rescindió las directrices de su predecesor demócrata, Joe Biden, que limitaban las detenciones de inmigrantes cerca de escuelas, iglesias y otros lugares sensibles. Trump también amplió el poder de los funcionarios para deportar a los inmigrantes que no puedan demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos.
Los funcionarios estatales y locales que se resistan u obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración podrían ser acusados a nivel federal, según el memorando del Departamento de Justicia. Asimismo, los fiscales que no presenten cargos penales tendrán que explicar sus motivos a sus superiores.
El departamento también reasignó esta semana a una veintena de funcionarios de carrera, transfiriendo a algunos a una nueva unidad destinada a impedir que las ciudades santuario se resistan a los planes de inmigración de Trump, según dos fuentes.
De los 11 millones de inmigrantes estimados que vivían en Estados Unidos de forma ilegal o con estatus temporal en 2022, alrededor del 44% vivía en estados con leyes "santuario" que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Esa cifra no incluye a los que viven en ciudades y condados santuario en sitios sin ley estatal, como Nuevo México.
En México, las autoridades han comenzado a construir gigantescos refugios de tiendas de campaña en Ciudad Juárez para prepararse para una posible afluencia de mexicanos deportados.
(Reporte adicional de Ted Hesson, David Ljunggren, Kat Stafford y Andrea Shalal; escrito por Andy Sullivan y Joseph Ax; editado en español por Carlos Serrano)
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