La Corte Interamericana de Derechos Humanos de América Latina celebra el miércoles en Brasil la última audiencia de un caso que forma parte de una oleada mundial de litigios sobre el clima, mientras varios tribunales internacionales preparan por primera vez dictámenes sobre lo que deben hacer los países para combatir el cambio climático.
Las sentencias también podrían desencadenar una oleada de nuevos litigios interpuestos por ciudadanos, empresas y Gobiernos.
Sin embargo, la aplicación de estas decisiones aún está por demostrarse. La semana pasada, una comisión parlamentaria suiza rechazó, por ejemplo, una sentencia de un alto tribunal europeo que afirmaba que Suiza había violado los derechos humanos de sus ciudadanos al no hacer lo suficiente para prevenir el cambio climático.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene jurisdicción sobre 20 países de América Latina y el Caribe, espera emitir su opinión consultiva a finales de año, dijo a Reuters la jueza Nancy Hernández López. La audiencia final del miércoles se celebra en la ciudad amazónica de Manaos.
Ya la semana pasada, el tribunal internacional creado en virtud del Derecho del Mar de la ONU decidió que las emisiones de carbono equivalen a contaminación marina y que los países deben ir más allá del Acuerdo de París para proteger los océanos.
El año que viene, se espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie y podría intentar aunar las decisiones anteriores del tribunal en una sentencia global aplicable a todos los miembros de la ONU.
"El motivo (de la oleada de litigios) es la profunda frustración de la gente porque sus representantes electos no están tomando medidas rápidas y justas contra el cambio climático", afirmó Lucy Maxwell, codirectora de la organización sin ánimo de lucro Climate Litigation Network.
"El panorama de los litigios climáticos es realmente amplio y diverso y está creciendo masivamente".
SENTAR PRECEDENTES
Aunque los dictámenes de los tribunales multilaterales solo se aplican a los Estados bajo su jurisdicción, todos se enfrentan a la misma cuestión central: ¿Están obligados los Gobiernos a proteger a la población del cambio climático? Y si es así, ¿hasta qué punto?
Esa pregunta está llevando a los tribunales a un terreno desconocido, ya que existen pocos precedentes jurídicos sobre el cambio climático. En sus deliberaciones, los jueces de los tribunales han estado revisando la ciencia climática, celebrando audiencias y escarbando en una maraña de leyes, tratados y procedimientos de la ONU.
Este proceso ha hecho que el caso ante la Corte Interamericana sea el mayor hasta la fecha, con más de 600 participantes en las audiencias celebradas en Brasil y Barbados, así como 262 escritos presentados ante la Corte por grupos indígenas, la sociedad civil, científicos y una empresa.
Según los abogados, este carácter integrador contribuye a la reputación del Tribunal como uno de los más progresistas del mundo.
En comparación, la Corte Internacional de Justicia ha restringido la presentación de alegaciones a países y autoridades como la Organización Mundial de la Salud.
El tribunal latinoamericano también podría tomar prestados argumentos de casos climáticos nacionales anteriores, aunque estén fuera de su jurisdicción, dijo la abogada Sophie Marjanac de la organización benéfica ClientEarth.
"Los jueces leen las opiniones de los demás", dijo Marjanac, aunque la influencia que un fallo tenga sobre otro podría ser "más psicológica y social que jurídica".
Por ello, el tribunal latinoamericano podría influir en la sentencia de la CIJ, prevista para el año que viene.
ALCANCE JURÍDICO
A escala mundial, la mayoría de las decisiones judiciales anteriores sobre el clima se han centrado en los países que causan daños por no reducir suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero, incluida la sentencia del mes pasado contra Suiza.
Pero el dictamen de la Corte Interamericana podría ir más allá al decidir si los Estados también deben adaptarse al cambio climático o pagar por los daños ya causados por fenómenos climáticos extremos, dijo Maxwell.
El tribunal podría abordar la protección de los defensores del medio ambiente, dado que en América Latina se concentra la gran mayoría de los asesinatos de activistas de este tipo, señaló la experta en litigios climáticos Joana Setzer, de la London School of Economics.
También podría ocuparse de los combustibles fósiles, la principal causa del cambio climático, o determinar hasta qué punto los países deben regular a las empresas contaminantes, dijo la abogada especializada en justicia climática Nikki Reisch, del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
¿QUÉ VIENE DESPUÉS?
Las decisiones de los tribunales multinacionales, una vez publicadas, deberían aportar claridad y orientación a los jueces nacionales que conozcan de casos climáticos. Pero también podrían desencadenar una nueva oleada de litigios climáticos, según declararon abogados y jueces a Reuters.
Las grandes diferencias entre las decisiones de los tribunales internacionales podrían desencadenar una fragmentación cuando las normas sobre cambio climático difieran entre regiones.
Que la CIJ declare que las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen a perjudicar a otros países "ya sería una gran victoria", dada la amplia jurisdicción del tribunal, dijo Setzer.
Tras la decisión del tribunal interamericano, los gobiernos bajo su jurisdicción tendrán que adaptar sus leyes a la sentencia o arriesgarse a ser demandados, dijo Ciro Brito, abogado del Instituto Socioambiental de Brasil, una organización sin ánimo de lucro dedicada al medio ambiente y los derechos de los indígenas en Brasil.
El fallo podría dar un impulso inmediato a un puñado de demandas judiciales ya interpuestas contra Gobiernos de la región, entre ellas una presentada por jóvenes mexicanos y otra que exige más medidas por parte de Brasil para luchar contra la deforestación de la Amazonia.
A escala mundial, Maxwell contabilizó al menos 100 casos pendientes en tribunales nacionales que acusan a los Gobiernos de incumplir sus obligaciones climáticas, entre muchos otros presentados contra empresas y otros demandados.
Otros abogados se declararon dispuestos a actuar una vez que la Corte Interamericana emita su dictamen.
"Utilizaremos este dictamen no solo para llamar a la puerta de los Gobiernos y decirles: 'Tienen que hacer esto'", afirmó Guilherme Lobo Pecoral, abogado del Instituto Alana, organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los niños en Brasil.
"También llamaremos a la puerta de los jueces y diremos: 'Tenemos esta obligación definida internacionalmente y el Estado no la está cumpliendo'".
Con información de Reuters
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