Desde Formosa alertan sobre los efectos de la desregulación del transporte impulsada por Milei: "Es altamente peligroso"

Funcionarios provinciales advierten que la medida del Gobierno nacional podría afectar la seguridad y calidad de los servicios interprovinciales, impactando directamente en los usuarios.

13 de diciembre, 2024 | 10.00

El martes 10 de diciembre, el Gobierno Nacional reglamentó la desregulación del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia, una medida que generó fuertes críticas de diversos sectores, especialmente por sus implicancias en la calidad del servicio y la protección de los usuarios. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se pronunció en contra y afirmaron que esta desregulación del transporte terminará por "destruir el servicio que deficientemente prestan las empresas del sector en la actualidad". 

La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 57/2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, permite a las empresas y transportistas operar con mayor flexibilidad. Esta normativa aplica únicamente a los servicios bajo Jurisdicción Nacional, como los viajes entre provincias, donde se incluyen rutas como Formosa-Chaco o Formosa-Buenos Aires.

Los servicios provinciales y municipales no se verán afectados, ya que las competencias en transporte están claramente delimitadas. La Nación regula los viajes interprovinciales, las provincias controlan los servicios internos y los municipios los urbanos.

Cambios en la regulación y críticas desde la Defensoría del Pueblo

Con la nueva resolución, las empresas podrán establecer libremente los precios, horarios, recorridos y duración de los servicios. Además, se centralizarán los trámites a través del Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP), donde los transportistas deberán detallar aspectos como la capacidad de los vehículos, el número de asientos, seguros contratados, datos de los conductores y las licencias correspondientes, entre otros. Este registro será gratuito y podrá realizarse de manera online mediante la plataforma Trámites a Distancia.

El Ombudsman de la provincia, José Leonardo Gialluca, expresó su preocupación por las consecuencias de esta flexibilización. Según Gialluca, la medida pone en riesgo la calidad del servicio, que ya presenta "deficiencias significativas". Advirtió que los usuarios serán los principales perjudicados y cuestionó la falta de controles y sanciones previstas en la normativa.

"Es altamente peligroso que en ningún lugar de las normativas vigentes se mencione, quienes serán los responsables en casos de siniestros viales o si ocurren perjuicios por las faltas de controles, como sucede en el caso de las cancelaciones de pasajes u otros, pues en estos servicios, es siempre necesario que el Estado controle cómo se brindan", sostuvo Gialluca.

También destacó la importancia de que el Estado controle la calidad y seguridad del transporte, algo que, en este contexto, quedará limitado a la acción de las autoridades provinciales dentro de sus jurisdicciones.

Preocupación por la falta de sanciones y supervisión

El Defensor del Pueblo remarcó la ausencia de sanciones concretas para las empresas que incumplan con las normas. Gialluca remarcó que siempre alguien debe garantizar las bases del sistema de transporte y aclaró que si no lo hace el Gobierno Nacional, serán las autoridades provinciales las encargadas de garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, advirtió que en los servicios interprovinciales, los pasajeros quedarán librados a la suerte y a la buena voluntad de las empresas.

La desregulación plantea un escenario incierto para quienes utilizan los servicios de media y larga distancia. Aunque las empresas ganan autonomía para operar, los especialistas advierten que el impacto negativo sobre los usuarios podría ser significativo si no se implementan controles adecuados. En este marco, las autoridades provinciales y municipales se enfrentan al desafío de reforzar las medidas de supervisión dentro de sus competencias para proteger a los ciudadanos.