El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya expresó el viernes su profundo pesar por la decisión de Estados Unidos de sancionar a un magnate local y senador por supuesto tráfico de personas forzadas a trabajar en centros de estafa, afirmando que tiene una motivación política.
El plan estadounidense de imponer sanciones, del que Reuters informó por primera vez el jueves, se conoce en un momento delicado de las relaciones, en el que Camboya se acerca cada vez más a China, rival estratégico de Washington, a pesar de los esfuerzos estadounidenses por atraer a su nuevo líder, Hun Manet, hijo del ex primer ministro Hun Sen.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que "la imposición de tales sanciones unilaterales socava el respeto del derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones interestatales, en particular los principios de igualdad soberana y no injerencia".
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El magnate objeto de las sanciones, Ly Yong Phat, fue nombrado asesor personal en 2022 de Hun Sen, que fue primer ministro durante casi cuatro décadas y sigue activo en política como presidente del Senado.
Las sanciones iban dirigidas a su conglomerado L.Y.P Group Co. y a un hotel, O-Smach Resort. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU dijo que también sancionaba al Garden City Hotel, el Koh Kong Resort y el Phnom Penh Hotel, en Camboya, por ser propiedad de Ly o estar bajo su control.
L.Y.P. Group no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes.
Bradley Smith, subsecretario en funciones del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, había declarado que la medida se había tomado para "responsabilizar a los implicados en el tráfico de seres humanos y otros abusos, al tiempo que se desbarata su capacidad para operar esquemas de fraude de inversión que tienen como objetivo a innumerables personas desprevenidas, incluidos estadounidenses".
Camboya y otros países del sudeste asiático se han convertido en los últimos años en el epicentro de una industria delictiva multimillonaria que se dirige a víctimas de todo el mundo con sistemas fraudulentos de criptomonedas y de otro tipo, que a menudo operan desde complejos fortificados dirigidos por organizaciones chinas y en los que trabajan trabajadores víctimas de la trata.
Jacob Sims, analista del sudeste asiático especializado en delincuencia transnacional y derechos humanos, afirmó que las sanciones enviaban el mensaje del Gobierno estadounidense de que la estafa forzada se había convertido en "un importante problema de seguridad nacional".
Con información de Reuters
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