Las autoridades cubanas afirmaron a última hora del sábado que no tolerarían "desórdenes públicos" mientras los trabajadores de emergencias de la isla retiraban escombros y trabajaban para restablecer el suministro eléctrico en zonas del oeste de Cuba que siguen a oscuras cuatro días después del paso del huracán Rafael.
Rafael derribó cientos de líneas de transmisión y postes en el oeste de Cuba, dejando sin electricidad a todo el país de 10 millones de habitantes y desatando protestas dispersas.
La fiscal general de Cuba dijo que presentó cargos y detuvo "preventivamente" a personas en las provincias de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila por "agresión, desorden público y vandalismo".
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"Hechos de esta naturaleza se contraponen a la actitud abnegada y solidaria de todos los que en las actuales circunstancias se consagran a las tareas de la recuperación del país", dijo la fiscal en un comunicado.
"Las acciones que se ejecutan en los territorios para la recuperación, mantener la vitalidad y la prestación de servicios, tienen que acompañarse de un clima de orden, disciplina y respeto hacia las autoridades, funcionarios, sus agentes o auxiliares".
La breve nota no incluía datos concretos sobre las detenciones o los delitos cometidos.
Más del 85% de la capital, La Habana, había visto restablecido el suministro eléctrico en la mañana del domingo, informó el operador de la red eléctrica cubana. Pero algunos residentes informaron en las redes sociales de cacerolazos dispersos en protesta por los continuos apagones.
Las provincias de Artemisa y Pinar del Río, las más afectadas por Rafael, seguían sin suministro eléctrico el domingo.
Se espera que los apagones continúen en todo el país, ya que las anticuadas plantas de generación eléctrica alimentadas con petróleo no producen suficiente electricidad para satisfacer la demanda.
Las protestas en Cuba son extremadamente raras, pero han surgido con más frecuencia a medida que las tensiones estallan por los apagones diarios de horas y la escasez de agua, combustible, alimentos y medicinas.
Aunque la Constitución cubana de 2019 concede a los ciudadanos el derecho a protestar, una ley que defina más específicamente ese derecho lleva años estancada en el poder legislativo, dejando a quienes salen a la calle en un limbo legal.
Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos criticaron la respuesta de Cuba a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 -la mayor desde la revolución de Fidel Castro en 1959- por considerarla de mano dura y represiva.
Con información de Reuters
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