El agua ya llegaba a la altura de las rodillas en la planta baja del hotel en el que se había refugiado Aitana Puchal cuando, a las 20:00 horas del 29 de octubre, recibió un mensaje de alerta de la Generalitat Valenciana advirtiendo a la población de que se refugiara en el lugar donde se encontrara por las graves inundaciones repentinas.
"Podíamos haber recibido el aviso unas seis horas antes", dijo esta joven de 23 años, que había huido con otros vecinos y huéspedes a la primera planta del hotel, cerca de la localidad de Paiporta. "Estábamos todos calmándonos un poco por el pánico y secándonos los pies".
Otros no tuvieron tanta suerte.
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Carlos Martínez, otro residente de Paiporta, dijo a la televisión local que la alerta de inundación se produjo cuando se quedó varado en un árbol viendo pasar cuerpos flotando.
Decenas de habitantes de comunidades inundadas dijeron a Reuters que, cuando recibieron la alerta del Gobierno regional, el agua fangosa ya rodeaba sus coches, sumergía calles de sus pueblos y se colaba en sus casas.
Tras días de avisos de tormenta por parte del servicio meteorológico nacional desde el 25 de octubre, algunos municipios e instituciones locales habían dado la voz de alarma mucho antes. La Universidad de Valencia había avisado a su personal el día anterior para que no acudiera a trabajar. Varios ayuntamientos de la región del este de España habían suspendido actividades, cerrado instalaciones públicas y pedido a la gente que se quedara en casa.
Pero los mensajes contradictorios y la confusión costaron vidas, dijeron a Reuters decenas de residentes locales y expertos. Más de 220 personas murieron y casi 80 siguen desaparecidas en lo que es el diluvio más mortífero en un solo país europeo desde 1967, cuando las inundaciones en Portugal mataron a unas 500 personas.
La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) elevó a alerta roja el nivel de amenaza por lluvias torrenciales a las 7:36 horas del 29 de octubre, tras las intensas lluvias caídas desde primera hora de la mañana en las zonas montañosas del oeste de la ciudad de Valencia. En las 12 horas que tardó en llegar la orden de refugio del gobierno regional, las aguas que discurrían por el barranco de Poyo, habitualmente seco y epicentro de las inundaciones, se habían desbordado hasta triplicar el caudal del río más caudaloso de España, el Ebro.
A medida que el cambio climático agrava los patrones meteorológicos a lo largo de la costa mediterránea española, las inundaciones se están convirtiendo en algo habitual y algunos incidentes anteriores han sido mortales. Pero después de al menos cinco décadas sin catástrofes graves, muchos valencianos desconocían los graves peligros que entrañan las inundaciones repentinas o cómo reaccionar ante ellas.
Puchal, la joven de 23 años que buscó refugio en el hotel, dijo que nunca había recibido mucha información sobre los riesgos de las inundaciones y que durante su paso por la escuela recibió charlas sobre incendios, pero no sobre este tipo de fenómenos meteorológicos.
Eso, unido a la escasa coordinación entre las autoridades regionales y nacionales, así como a las decisiones políticas tomadas hace años de no invertir en infraestructuras fluviales, agravó la calamitosa pérdida de vidas humanas, según siete expertos consultados por Reuters.
Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, afirmó que era previsible que ocurrieran inundaciones catastróficas en la región.
Se registraron muertes en 14 de las 24 poblaciones que ya habían sido identificadas en informes del Ministerio para la Transición Ecológica como de alto riesgo de inundación, según un análisis de Reuters.
Los expertos, entre los que se incluyen ingenieros hidráulicos y civiles, geólogos, urbanistas y especialistas en ayuda en caso de catástrofe, afirmaron que los sucesivos fallos —en la realización de obras de mitigación de las inundaciones en los ríos cercanos, en la mejor protección de las casas construidas en las llanuras aluviales, en la educación de la población y en el aviso rápido a los residentes— se sumaron a las víctimas mortales.
Luis Bañón, ingeniero y catedrático de Ingeniería e Infraestructuras del Transporte de la Universidad de Alicante, aseguró que, con mejores infraestructuras, las muertes habrían sido infinitamente menores.
Una fuente del Gobierno central dijo que esperan múltiples investigaciones judiciales para examinar las decisiones tomadas y atribuir responsabilidades por el elevado número de víctimas mortales.
A medida que más población mundial se asienta en llanuras inundables, los fenómenos climáticos se hacen más extremos y Europa se calienta más deprisa que la media mundial, lo ocurrido en Valencia subraya la necesidad de medidas estratégicas y coordinadas para proteger a la población de las ciudades europeas, afirmó Sergio Palencia, catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Francés dijo que había ayudado a elaborar un plan hace 17 años para construir obras contra las inundaciones del barranco de Poyo, con un coste entonces de 150 millones de euros (162 millones de dólares). El 5 de noviembre, una semana después de las inundaciones, el Gobierno nacional destinó 10.600 millones de euros a ayudar a las víctimas.
El plan en el que trabajaba Francés caducó en 2017 porque no se había iniciado ningún trabajo, dijo a Reuters el secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Hugo Morán. El Gobierno tuvo que empezar de cero y algunas obras están en marcha, dijo.
Francés dijo que algunas personas eran tan inconscientes del riesgo que no sabían, por ejemplo, que sería imprudente bajar a un sótano para salvar el coche.
MÚLTIPLES ALERTAS
La AEMET ya había advertido de una tormenta conocida localmente como DANA —depresión aislada en niveles altos— el 25 de octubre. En los días siguientes, sus avisos se fueron concretando hasta que el 29 de octubre la alerta pasó a roja, el nivel más alto, que significa alto riesgo para la población.
A las 8:45 horas, la delegación regional de la AEMET publicó en la red social X imágenes de coches arrastrados por una marea de agua marrón.
Poco después del mediodía, el organismo público que gestiona las cuencas hidrográficas de la región, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió un correo electrónico a las autoridades regionales diciendo que el flujo de agua a través del barranco del Poyo había alcanzado los 264 metros cúbicos por segundo. Esa cifra es superior al caudal medio del río Guadalquivir, uno de los más caudalosos de España.
La CHJ dijo que sólo puede transmitir la información a los servicios de emergencia regionales, que son los responsables de emitir las alertas a los ciudadanos. Tres expertos dijeron a Reuters que una vez que el agua empezara a subir, tardaría menos de nueve horas en llegar a las ciudades.
Durante las ocho horas siguientes, responsables de los gobiernos regional y nacional, autoridades medioambientales y servicios de emergencia intercambiaron llamadas telefónicas, correos electrónicos y celebraron reuniones de emergencia.
Durante algún tiempo de esa tarde, los datos de la CHJ sugerían que el caudal estaba disminuyendo.
Carlos Mazón, presidente de la región y principal responsable de emitir la alerta de refugio, se ha convertido en foco de ira por la reacción de las autoridades ante la tormenta. A pesar de los signos de graves inundaciones, no modificó su agenda.
En una rueda de prensa a mediodía, citó una previsión meteorológica nacional que decía que la intensidad de la tormenta disminuiría hacia las 18:00 horas, según una publicación en la red social X que borró más tarde.
A medida que avanzaba el día, Mazón, miembro del conservador Partido Popular, opositor al gobernante Partido Socialista, apareció en fotos publicadas en X por sus colaboradores recibiendo un certificado de turismo sostenible y hablando de asuntos presupuestarios.
Su oficina no respondió a las peticiones de comentarios sobre su gestión de la catástrofe. El jueves, Mazón dijo a la prensa que había tenido un "almuerzo de trabajo" el 29 de octubre y que había estado en contacto permanente con el equipo que se ocupaba de la situación.
A las 17:00 horas, mientras las autoridades se reunían de nuevo, la CHJ dio una "notificación verbal" de un aumento generalizado de los caudales de agua que discurrían por las poblaciones o en sus proximidades, según un comunicado.
A las 18:43 horas, la CHJ envió otro correo electrónico alertando de que el caudal de agua que discurría por el barranco había alcanzado los 1.686 metros cúbicos por segundo, más del triple que el Ebro, el río más caudaloso de España.
Doce minutos después, la CHJ dijo que el caudal del Poyo había subido a 2.282 metros cúbicos por segundo antes de destruir el sensor que lo medía.
Según Nahum Méndez, geólogo de la Universidad de Valencia, eso podría llenar una piscina olímpica cada segundo.
A las siete de la tarde, muchos pueblos estaban sin electricidad, lo que dificultaba el envío inmediato de alertas a teléfonos o emisoras de radio, según las autoridades.
María Isabel Albalat, la alcaldesa del municipio de Paiporta, que se encuentra en las afueras de la ciudad de Valencia, dijo que llamó a la delegada del Gobierno nacional en la región para decirle que "mi pueblo se estaba inundando" y que "que iba a morir mucha gente (y) que ya estaba muriendo". La policía recorrió el pueblo con sirenas, luces y altavoces diciendo a la gente que no se acercara al puente y abandonara las calles.
A las 20:00 horas, Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y que se encontraba de viaje en Colombia, llamó a la responsable regional de los servicios de emergencia, Salomé Pradas, para comunicarle que existía riesgo de rotura de una presa.
Pradas dijo el jueves a la televisión local que un asesor técnico sugirió entonces a los servicios que enviaran una alerta por SMS.
"Con la misma información y en el mismo territorio, ¿cómo es posible que haya organismos y administraciones que no activaran un protocolo de emergencia?", dijo Morán.
Mazón, el presidente regional, dijo más tarde que los datos de la CHJ que mostraban un descenso del caudal de agua habían aumentado la confusión y los retrasos. Morán, cuyo departamento supervisa la CHJ, dijo a Reuters que su tarea era sólo proporcionar información en tiempo real a los equipos de emergencia, no tomar decisiones sobre su respuesta.
Albalat, alcaldesa de Paiporta, dijo que cuando llegó la alerta "llevábamos más de una hora y media con el agua hasta el cuello".
PROTECCIONES CONTRA INUNDACIONES
Las decisiones políticas de no invertir antes en mejores defensas contra las inundaciones para proteger una zona más amplia han multiplicado el coste económico "por 200", dijo Bañón, el profesor alicantino.
Bañón argumentó que este tipo de obras no son atractivas y no dan rentabilidad política hasta que pasa algo y que ahora no hay más remedio que hacerlas.
En otros países, como Estados Unidos y Japón, las catástrofes naturales son más habituales, por lo que la gente sabe mejor cómo responder, dijo María Jesús Romero, de 50 años, profesora de Derecho Urbanístico de la Universidad Politécnica de Valencia.
Algunos valencianos recuerdan inundaciones pasadas, como la de 1957. Después de aquello, la ciudad de Valencia quedó protegida por obras hidráulicas terminadas bajo el dictador Francisco Franco en 1973.
Los vecinos de Paiporta Rosario Masiá, de 84 años, y su marido Cristóbal Martínez, de 87, dijeron que las inundaciones pasadas no fueron "nada" comparadas con ésta.
"Lo pasamos mal, pero no como ahora", dijo Masiá. "Estamos destrozados".
Según los expertos, muchas de las propiedades afectadas por las inundaciones se construyeron antes de 2003, cuando se revisaron las directrices sobre construcción en zonas inundables. Las nuevas directrices prohíben la construcción o incluyen estrictos requisitos previos, como que las propiedades construidas en zonas inundables no tengan sótanos.
En los municipios colindantes de Valencia, en su mayoría de clase trabajadora, el automóvil es vital para ir al trabajo. Muchos de los entrevistados por Reuters en la zona inundada dijeron que su primera medida cuando llueve es sacar sus coches de los aparcamientos subterráneos de sus bloques de apartamentos para que los motores no resulten dañados por las inundaciones.
(1 dólar = 0,9267 euros)
Con información de Reuters
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