En el reporte técnico que publicó el Ministerio de Economía de la Nación se evidenció el compromiso con el FMI para reducir en 0,5% del PBI con la quita de los subsidios a la energía. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Formosa rechazó el pedido de aumento de tarifas de las empresas de energía.
Según el informe técnico que publicó el organismo internacional, se aplicarán aumentos iniciales en las tarifas de electricidad de más de 200%. Cabe destacar que los subsidios a la energía se dispararon aún más en diciembre, luego del salto del tipo de cambio oficial de 120%, porque los contratos están dolarizados.
Estas medidas fueron repudiadas por Formosa desde una primera instancia, sobre todo por el titular de la Defensoría del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, quien hizo público el rechazo de la provincia al incremento en las boletas de luz.
Desde Formosa advirtieron que el incremento que se autorizó “hará que los usuarios residenciales tanto de los Niveles 2 y 3, como así los jubilados, pensionados, asalariados públicos, privados y pymes, se vean imposibilitados de hacer frente a las facturas del servicio público esencial de energía eléctrica”.
Por otro lado, el funcionario denunció que las líneas de transporte a cargo de TRANSNEA S.A. tanto en las zonas de Gran Formosa – Pirané; Gran Formosa – Ibarreta; Gran Formosa – Clorinda; Corredor Norte de Formosa; Formosa – Clorinda; “se encuentran todas sobresaturadas, lo cual fue reconocido por el propio Gerente de Operaciones en la Audiencia Pública”.
Bajo esta línea, Gialluca expuso que existen Estaciones Transformadoras (ET) sin reservas, ya que necesitan cambios de celdas e interruptores, exponen problemas de comando a distancia de las ET y carecen de mantenimiento de electroductos. “Todo ello es responsabilidad exclusiva de TRANSNEA que lleva 30 años brindando un servicio altamente deficiente”, apuntó.
Por último, el funcionario recordó que el Máximo Tribunal de Justicia ordenó “que los incrementos tarifarios deben estar atados a los aumentos salariales, como así también se debe establecer una Tarifa Social Única, homogénea y de simple acceso para todos los beneficiarios".
En este sentido, la decisión del Gobierno nacional de reducir la intervención estatal y autorizar el aumento de tarifas eléctricas que propone el FMI profundiza la pérdida del poder adquisitivo de las familias, especialmente en las regiones del norte argentino, donde el consumo energético tiende a ser más elevado debido a las constantes altas temperaturas que se acentuaron en los últimos tiempos.
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