Gobierno peruano busca sancionar con cadena perpetua "terrorismo urbano" mientras crece inseguridad

02 de octubre, 2024 | 20.23

El Gobierno peruano enviará al Congreso un proyecto de ley para castigar hasta con cadena perpetua los delitos como secuestro, sicariato y extorsión, que serán calificados como "terrorismo urbano", dijo el miércoles el primer ministro Gustavo Adrianzén.

La iniciativa busca convertirse en una herramienta legal y "persuasiva" para frenar el aumento del crimen, principalmente en Lima donde 14 de sus 43 distritos fueron declarados la semana pasada en emergencia por una crisis de inseguridad, afirmó el primer ministro.

Adrianzén explicó que de acuerdo al proyecto de ley será tipificado como delito de "terrorismo urbano" el que realice y genere actos de terror o zozobra en la población a través de los delitos de secuestro, conspiración de sicariato y extorsión.

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"Serán reprimidos con pena privativa de libertad de no menor de 30 años y será cadena perpetua si pertenece a las Fuerzas Armadas, o emplea a menores de edad", manifestó el primer ministro en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Actualmente el código penal solo castiga con cadena perpetua el feminicidio agravado, violación sexual a menores de edad o el secuestro con muerte a menores de edad o mayores de 70 años.

Adriazén agregó que, de acuerdo a la propuesta legislativa, los miembros de la policía y de la fuerza armada que sean denunciados por actos que realicen en su labor de cuidar el orden interno en las zonas de emergencia serán sometidos a la justicia militar y no en un tribunal civil.

"Es un compromiso que teníamos con las Fuerzas Armadas y la Policía para que ellos tengan el respaldo jurídico que necesitan a fin de que puedan actuar en estado de excepción", manifestó.

El Gobierno enviará el proyecto de ley en medio de presiones de la oposición y sociedad civil por medidas para frenar el aumento del crimen, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos, según encuestas de opinión.

El Congreso, donde el Gobierno no tiene representación, evalúa actualmente si destituye o no al ministro de seguridad.

Con información de Reuters