En un comunicado a través de las cuentas oficiales, el Gobierno de La Rioja advirtió que no adhiere al proyecto del poder ejecutivo nacional de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. "Reconocemos que se debe actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente y elaborar una legislación nueva, pero que no sea regresiva en materia de derechos humanos de las niñeces y adolescencias, sino que tenga una concordancia con los estándares de las convenciones respectivas y establezca un fuero penal específico para la franja de 16 a 18 años, diferenciado del régimen penal para adultos", explicaron en la publicación.
El Gobierno de Javier Milei giró a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad hasta los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se prohíbe la pena de reclusión perpetua.
En el comunicado, el Gobierno de Ricardo Quintela expuso: "En las estadísticas nacionales, regionales y provinciales, la incidencia de hechos de violencia, equiparables a delitos graves o gravísimos, cometidos por niñeces de menos de 16 años, es muy bajo y perfectamente tratable por dispositivos de abordaje".
"Desde nuestra óptica humanista y social creemos que los niños y niñas deben estar en la familia, la escuela, el barrio, el deporte y los centros culturales y artísticos, asistidos por el Estado, creativa y efectivamente, con garantías constitucionales y legales, para tener salud, alimentación y educación. Por eso en nuestra Constitución reformada recientemente, se explicita, en un artículo, la renta básica universal que propende al acceso real de todo ser humano en La Rioja, a gozar y tener garantizados los derechos básicos. Consideramos que la violencia social y, de las infancias en particular, no se erradica con procesos penales inadecuados e invasivos para ciertas edades, ni metiendo presos a niñeces violentadas previamente por un sistema que margina, ultraja y excluye. Hay que fortalecer un Estado presente, con presupuesto acorde y efectivo, que proteja, acompañe y restaure la dignidad de nuestras niñeces y la paz social. Pondremos todo nuestro empeño y desvelo institucional y legal. Bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, no", concluyó el mensaje en la red social X (ex twitter).
Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela retomó el tema en sus rede sociales y expresó: "El rol del Estado debe ser el de estar presente, acompañando el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, desde la familia, la escuela, el barrio, el deporte, garantizándoles salud, alimentación y educación en óptimas condiciones".
En ese punto, Quintela aprovechó para referirse a la nueva constitución que sancionó La Rioja, y que se espera que jure el 9 de agosto: "Si hablamos que en nuestra nueva Constitución Provincial ampliamos derechos, no podemos avalar una medida que atenta contra los derechos humanos".
El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, enviado la semana pasada, será tratado en la Cámara de Diputados a partir del miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, en el anexo C, a las 12.30.
Qué dice el proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
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