El pasado miércoles 8 de enero, el Ministerio de Economía de la Nación, comandado por Luis Caputo, envió una nota a las 23 provincias argentinas para que "implementen medidas" para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”. Tras esto, el ministro recibió el repudio por parte de distintos funcionarios de todas partes del país, entre los que se destacó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien reafirmó su postura en defensa de la autonomía local y exigió el pago de deudas históricas de Nación.
A través de un comunicado oficial, el mandatario riojano cuestionó el argumento de Caputo sobre el impacto en la inflación que tendrían la vigencia de las tasas municipales: "No son los municipios ni sus tasas quienes causan la inflación, sino decisiones nacionales erradas. Caputo debería estudiar más a fondo las causas del problema antes de hacer afirmaciones precipitadas".
Bajo esta línea, Quintela destacó que la autonomía tributaria de los municipios, consagrada por la Constitución Nacional, es un "derecho que no puede ser vulnerado por el Gobierno Nacional". Aseguró que las tasas municipales son necesarias para financiar servicios públicos y el desarrollo local, y que cualquier intento de eliminar esas facultades sería un "atropello a la ley y al sistema federal". “Tal postura no solo es inconsistente, sino que desconoce los graves perjuicios que enfrenta nuestra provincia debido a decisiones centralizadas que vulneran el principio de lealtad federal”, sostuvo.
En cuanto al incumplimiento por parte del Estado Nacional de diversas leyes y compromisos con La Rioja, el gobernador reiteró que la provincia es sistemáticamente a causa de las decisiones del gobierno nacional y del incumplimiento sistemático de leyes y de compromisos como el artículo 83 de la Ley 27.701; la suspensión de la obra pública a nivel provincial comprometida con los recursos asignados por el Estado Nacional; el consecuente despido de 3.000 empleados del sector de la construcción; la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el Transporte; la eliminación del Fondo de Incentivo Docente; la eliminación del Fondo Federal de Transporte Eléctrico-, el incumplimiento, en el año 2024, de la Ley 23.996 de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Dóxido de Carbono, desfinanciando el mantenimiento, conservación y transitabilidad de las rutas nacionales en la provincia.
Finalmente Quintela sostuvo: “La provincia de La Rioja reitera su llamado al Gobierno Nacional para que respete y cumpla con las leyes vigentes, particularmente en lo que respecta a la distribución de los fondos coparticipables y la autonomía municipal. Esta administración reafirma su disposición al diálogo y la cooperación, pero también su firmeza en la defensa de los derechos de los riojanos y de las instituciones democráticas que nos rigen”.
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Qué les pidió Caputo a los intendentes
El ministro Caputo envió el miércoles pasado una nota a las 23 provincias en la que se les pidió que "implementen medidas" para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”.
En especial de aquellas que su valor "no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio", caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
En este sentido, en el escrito se solicitó que se eliminen estas "Tasas municipales" que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable. Asimismo, se destacó que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, "perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional" para evitar incrementos en la presión tributaria. La nota continúa: "Estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones".
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