El gobierno de La Rioja vuelve a recurrir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de amparo con medida cautelar innovativa, por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Un comunicado de la Fiscalía de Estado provincial manifestó: “Sin ninguna duda, esta decisión administrativa es arbitraria y carente de todo fundamento jurídico, configurándose un caso de inusitada gravedad institucional al contrariar directamente la ley de educación y la ley de presupuesto del año 2023 reconducido para el año en curso”
En este sentido, el comunicado concluye: “Nuevamente estamos pidiendo que la Corte de Justicia interfiera y ponga las cosas en el lugar que corresponden, conforme al estado de derecho, que no se puede ni se debe seguir tolerando el avasallamiento de derechos y garantías constitucionales, que dañan directamente a la gente”.
Este recorte al sector docente por parte del gobierno nacional, contrario a la ley de educación y a la ley de presupuesto 2023 (reconducido para el 2024), le ocasiona un grave daño a las provincias e impacta de forma directa en los salarios de los trabajadores de la educación. “Resulta de una gravedad institucional, por cuanto afecta directamente la prestación del servicio educativo provincial, haciendo peligrar el inicio del ciclo lectivo 2024, servicio que la provincia tiene declarado como esencial, con lo cual la conculcación de derechos constitucionales es evidente”, manifiesta la demanda
“Por su parte, las leyes nacionales N° 25.053 y N° 26.075, en un todo de acuerdo con la normativa antes enunciada, disponen la creación de fondos y programas, con el fin de contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente, en aquellas provincias en las cuales se evalúe, fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades, fijando para ello criterios tendientes a contrarrestar las inequidades existentes entre las diferentes jurisdicciones”, agregó.
Con respecto a esto, desde el gobierno de Ricardo Quintela consideraron: "Se han agotado todas las instancias administrativas tendientes a lograr que se mantengan los recursos que, por ley, corresponden a las provincias; pero, al no tener respuesta favorable, no nos queda otra opción que acudir al máximo órgano de Justicia de la Nación para que ordene el cese del avasallamiento a derechos y garantías constitucionales”.
En paralelo, la provincia de La Rioja continúa exigiendo que la Corte resuelva la inconstitucionalidad total del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, emitido por el gobierno nacional: esta semana, acercaron un pedido a la Corte, con la firma de los apoderados legales de la provincia, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra. Días atrás, el gobernador Quintela fue categórico: "Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.
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