El presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ) en la Cámara de Diputados de Formosa, Agustín Samaniego, defendió la necesidad de una reforma en la Constitución provincial, firmado por el gobernador Gildo Insfrán, y señaló que “todas las Constituciones del mundo periódicamente necesitan ser renovadas, actualizarlas, corregir o ser más explícitas en algún punto”.
En comunicación con el portal Agenfor, el diputado del PJ aseguró que para lograr la reforma “se necesita la participación activa de todos los actores sociales, culturales, sindicales, de todos los ámbitos”, y en ese sentido, sostuvo que “cuanta más discusión y diversidad de opiniones haya, ese texto va a ser mejor”.
Tras resaltar el hecho de que “las provincias son autónomas y ellas deben darse su Constitución, por supuesto, en el marco de la Constitución Nacional”, señaló que “si bien pasaron 21 años de la última reforma, el mundo cambió mucho con la incorporación de la tecnología en nuestras vidas, en las vidas institucionales de los tres Poderes del Estado, en toda la comunidad, lo que genera nuevas obligaciones y nuevos derechos”.
Es por esto que desde la Legislatura de Formosa consideraron que la Constitución de la provincia "necesita ser actualizada y readecuada", con el paso previo a la reforma que es la elección para que la población tenga la posibilidad de decidir qué puntos y en qué sentido se va a reformar la Constitución. "El pueblo es el soberano, la ciudadanía es la que debe decidir qué Constitución queremos para los próximos años”, reafirmó Samaniego.
Del mismo modo, resaltó: “Todos los actores políticos, todos los partidos políticos que tienen personería jurídica en la provincia se van a poder presentar a elecciones, y esa elección puede llegar a ser hasta dentro de un año”. Durante la elección se elegirán 30 diputados constituyentes con el objetivo de conseguir representar a la población formoseña.
“Eso es una gran ventaja, porque van a tener voz y voto y se necesita imperiosamente escuchar absolutamente a todos. Esa es la idea que se tiene, porque la Constitución es algo que enmarca jurídicamente, conceptualmente y nuestros valores a todos los formoseños, entonces necesita de la participación de todos”, subrayó.
“El mundo va a tener problemas de agua y va a colisionar por los recursos energéticos, entonces eso debe estar en nuestra Constitución, así como el juicio por jurados, la reforma del Estado, la administración financiera responsable, son todos elementos que deben estar en nuestra Constitución. Esa es una de las razones por la cual nosotros hemos solicitado y estamos de acuerdo con que se reforme”, concluyó.
Un enfoque moderno y ampliado de los derechos ciudadanos
El proyecto comprende, como uno de los ejes más importantes, la incorporación con jerarquía constitucional de la paridad de género para los cargos electivos legislativos, tanto en el orden provincial como municipal, así como en la conformación de los órganos de los partidos políticos.
Además, actualizar los artículos del 1° al 189° de la Constitución Provincial, en donde se destaca la incorporación de los llamados "derechos de cuarta generación". Esta categoría incluye derechos de inclusión digital, y se garantiza el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el marco de una sociedad del conocimiento, además de promover oportunidades de desarrollo tecnológico y científico. Esta propuesta de derechos de cuarta generación refleja el compromiso con la modernización y el acceso equitativo a los recursos digitales y tecnológicos en una era de innovación constante.
A su vez, la reforma plantea el fortalecimiento del rol estatal en políticas públicas esenciales, como salud y educación. Este apartado va en contraposición a las políticas implementadas a nivel nacional, ya que se reafirma el compromiso del Gobierno provincial con criterios de universalidad, accesibilidad, equidad, calidad y participación comunitaria en estos sectores.
El proyecto establece que la responsabilidad estatal en estas áreas debe quedar asentada en el texto constitucional, y así brindar una base sólida para la protección de estos derechos en el futuro.