El presidente Javier Milei derogó la Ley 26.160, una normativa fundamental para proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios en Argentina. La decisión fue duramente criticada por comunidades indígenas de Formosa, ya que representa un grave retroceso en su lucha por la igualdad y el reconocimiento.
Desde la provincia, el director de la Etnia Toba, Catalino Sosa, manifestó al respecto: "Repudiamos enérgicamente esta decisión, que consideramos un ataque directo a nuestros derechos y nuestra identidad. Este gobierno ha demostrado una vez más su desprecio por la legislación que protege nuestros derechos. La derogación de la Ley 26.160 es solo una de las muchas medidas que han tomado para debilitar nuestra autonomía y nuestra capacidad para gestionar nuestros propios territorios".
En esa línea, el referente enfatizó que la ley es fundamental para la protección de sus "derechos a la tierra, la salud, la educación y la participación política", y advirtió que su derogación representa "un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia para los pueblos originarios".
"Exigimos al Gobierno que revierta esta decisión y que trabaje para fortalecer la legislación que protege nuestros derechos", remarcó Sosa y concluyó: "También llamamos a la sociedad en general a que se una a nosotros en la lucha por la defensa de nuestros derechos y nuestra identidad".
El impacto en las comunidades indígenas
La Ley 26.160, sancionada en 2006, representaba un pilar fundamental para garantizar de los pueblos originarios. Entre sus disposiciones más relevantes, la normativa declaraba la emergencia territorial de las comunidades indígenas, suspendía los desalojos, ordenaba un relevamiento técnico y jurídico de los territorios, y creaba un fondo especial de asistencia.
Desde su sanción, la Ley 26.160 había sido prorrogada en varias ocasiones, con el objetivo de consolidar un marco de protección para las comunidades indígenas frente a conflictos territoriales. Sin embargo, su derogación por decreto marca un cambio drástico en la política estatal hacia los pueblos originarios, poniendo en riesgo no solo sus derechos sobre la tierra, sino también su acceso a servicios básicos y participación política.
La eliminación de esta normativa se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas, que denuncian una falta de consulta previa y un desconocimiento de sus derechos constitucionales.
Para las comunidades, esta decisión no solo implica un retroceso legal, sino también un desafío a su identidad cultural y supervivencia. La derogación de la Ley 26.160 abre un panorama de incertidumbre y conflictos, mientras los pueblos originarios se organizan para exigir la restitución de sus derechos y la preservación de su dignidad.
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