El expresidente de Colombia Álvaro Uribe dijo el miércoles que su llamado a juicio por manipulación a testigos y fraude procesal fue una decisión por venganzas políticas y sin pruebas que le abre la puerta a la cárcel, igualándolo con delincuentes a los que combatió durante su Gobierno.
La Fiscalía General llamó el martes a juicio a Uribe, quien podría ser condenado a 12 años de cárcel, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano que enfrentará un juicio en la justicia ordinaria.
"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", dijo Uribe, de 71 años, en una declaración en la que una vez más defendió su inocencia y negó vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
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"Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho", precisó el político, quien fue presidente de Colombia durante dos periodos consecutivos, entre el 2002 y el 2010.
Se trata de la más reciente decisión en un largo proceso judicial profundamente polarizado, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden un proceso justo.
Previamente la justicia rechazó dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda recopiló información como parte de su trabajo y que no pagó ni presionó a exparamilitares.
En cambio, el tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
El expresidente, quien permanece en libertad, impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y es un dirigente visible del partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno de Gustavo Petro.
Uribe permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías, recordó que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
Con información de Reuters
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