El Tribunal Supremo de España confirmó el lunes las órdenes de detención contra el antiguo líder de Cataluña y otras personas acusadas de malversación de fondos por el fallido intento de independencia de la región, al dictaminar que no se les aplica una reciente ley de amnistía.
La decisión, que puede ser recurrida, podría echar por tierra la frágil coalición que gobierna España liderada por los socialistas y tener implicaciones personales para el expresidente catalán Carles Puigdemont, que vive en Francia en un exilio autoimpuesto.
Una ley de amnistía aprobada el 30 de mayo pretendía indultar a los implicados en el intento de 2017 de declarar la independencia de Cataluña a cambio del apoyo crítico de los partidos independentistas al nuevo mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras unas elecciones generales poco concluyentes.
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El juez instructor, Pablo Llarena, dijo en su auto que seguiría pidiendo la detención de Puigdemont y los exdiputados Antonio Comín y Lluís Puig, que estaban a cargo de los departamentos de salud y cultura de Cataluña, respectivamente.
La retirada del apoyo del partido Junts de Puigdemont a proyectos de ley como el presupuesto de 2025 podría dejar a Sánchez incapacitado para gobernar y desencadenar nuevas elecciones.
Políticos y activistas implicados en la campaña independentista se enfrentan a cargos como desórdenes públicos, desobediencia y malversación.
Pero se establecieron dos excepciones para la malversación, de modo que la amnistía no se aplica a quienes cometieron el delito con la intención de enriquecerse personalmente o si afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea.
Llarena argumentó que la presunta conducta de Puigdemont, Comín y Puig "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación".
Según Llarena, obtuvieron beneficios personales al cargar a la Hacienda autonómica los gastos de la celebración de un referéndum independentista considerado ilegal por la justicia española, una actuación que calificó de contraria al interés público.
Los tres afirman que el referéndum no fue ilegal, por lo que las acusaciones relacionadas con él carecen de fundamento.
El referéndum también había afectado a los intereses financieros de la Unión Europea, dijo Llarena, ya que la secesión de Cataluña habría repercutido en la recaudación de impuestos y en la renta nacional bruta de España.
La sentencia es un duro golpe para Puigdemont, que parecía optimista sobre el hecho de que la amnistía despejaría por completo todas las acusaciones a las que se enfrentaba en España, permitiéndole regresar sin temor a ser detenido.
Junts no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.
Con información de Reuters
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