El Congreso peruano debatirá el jueves si aprueba un nuevo retiro parcial de los fondos privados de jubilación de las personas, una iniciativa que podría forzar a las administradoras de pensiones a vender bonos y acciones por hasta 7.000 millones de dólares, según la reguladora del sistema financiero.
Los legisladores someterán a votación la liberación de hasta 20.600 soles (5.550 dólares) por cada afiliado a los fondos de pensiones o AFP, cuya cartera de inversiones ya ha sido golpeada por otros seis retiros que comenzaron en el 2020 en busca de aliviar a los ciudadanos de los afectos adversos de la pandemia.
En los seis retiros se liberaron el equivalente a casi 24.000 millones de dólares, con lo cual el ahorro en pensiones se redujo en un 12% del PBI hacia fines del 2022, desde un 22% que representaba en el 2020, según un reporte del banco central.
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"Los retiros masivos obligan a las AFP a vender activos para tener liquidez. En el pasado, esto ha tenido efectos de corto plazo como caídas en la Bolsa de Valores de Lima y reducción temporal del rendimiento de los activos del portafolio", dijo un informe difundido el miércoles por la firma Apoyo Consultoría.
La expectativa por el nuevo retiro ya ha generado una caída del 7,5% en el índice selectivo de la bolsa limeña desde que se aprobó hace tres semanas el proyecto en una comisión menor del Congreso, perdiendo casi la mitad de lo que había ganado desde inicios de año, según datos de mercado al cierre del miércoles.
En el 2023, la Bolsa de Valores de Lima registró un retorno de 25% en dólares, uno de los más altos a nivel mundial, según un reporte del holding financiero Credicorp Capital.
El ministro de Economía, José Arista, ha mostrado su preocupación por la intención del Congreso porque afirma que la medida podría presionar la inflación que viene desacelerándose, y además perforar los fondos clave para los futuros jubilados.
Los cuatro empresas de fondos de pensiones de Perú administran una cartera de 128.000 millones de soles de unos 9,4 millones de afiliados, según datos hasta fines de marzo de la estatal Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
De acuerdo al regulador, las administradoras de pensiones invierten casi un 60% de los ahorros en activos locales, la mayoría en bonos del gobierno y acciones en la bolsa local. El resto del fondo lo tienen invertido en activos del exterior.
Los promotores del proyecto de retiro de pensiones en el Congreso afirman que la liberación de los fondos es crucial en momentos en que la economía aún lucha por salir de una recesión.
La reguladora SBS afirma sin embargo que un nuevo retiro solo beneficiaría a personas de medianos y altos ingresos que están trabajando y aportando; porque un 70% de la economía opera en la informalidad sin otorgar seguros de jubilación.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, envuelta en una escándalo político por una investigación de enriquecimiento ilícito, está elaborando un proyecto de reforma de pensiones, en medio de criticas ciudadana por las altas comisiones de cobran las empresas administradoras y los bajos niveles de jubilación.
Con información de Reuters
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